Fiscalía presenta nueva denuncia constitucional contra Dina Boluarte por presunta colusión agravada

El Ministerio Público acusó a la presidenta por hechos ocurridos durante su gestión como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Fiscalía presenta nueva denuncia constitucional contra Dina Boluarte por presunta colusión agravada.

La Fiscalía de la Nación presentó una nueva denuncia constitucional contra la presidenta Zegarra, en su condición de exministra de Desarrollo e Inclusión Social, por el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado. La acusación fue presentada ante el Congreso de la República a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público.

Según el comunicado oficial difundido este jueves 15 de mayo, los hechos se remontan a cuando Boluarte estaba al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

MIRA: Dina Boluarte: Fiscalía de la Nación denuncia constitucionalmente a la presidenta y exministros por lesiones durante protestas

Se le atribuye haber concertado con Víctor Hugo Torres Merino, amigo de infancia de su hermano Wigberto Boluarte, para que este fuera contratado como proveedor en dos programas sociales del Estado: Qali Warma y Plataformas de Acción para la Inclusión Social.

De acuerdo con la denuncia, Dina Boluarte habría aprovechado su cargo para favorecer a Torres Merino en su condición de proveedor de servicios, lo que habría configurado un acto de colusión en perjuicio del Estado peruano.

Cabe recordar que este mismo jueves, el Ministerio Público también presentó por los hechos ocurridos durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. En este caso, también se acusa a los expresidentes del Consejo de Ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola, así como a los exministros del Interior y Defensa: César Cervantes, Jorge Chávez Cresta, Víctor Rojas y Vicente Romero.

La Fiscalía sostiene que todos ellos habrían tenido pleno conocimiento del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas durante las manifestaciones en regiones como Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cuzco, Puno y Lima Metropolitana. Se identificó a 75 víctimas y se les atribuyen presuntos delitos de lesiones leves y graves.

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