El Congreso aprobó ayer la inhabilitación por 10 años y el consecuente desafuero de Freddy Díaz, el parlamentario que a fines de julio del 2022 fue denunciado por presunta violación sexual.
La sanción política procedió debido a que este cometió infracciones constitucionales. En el informe final elaborado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se argumenta que Díaz es infractor de los artículos 1, 2 –numerales 1 y 24, literal h–, 38 y 39 de la Constitución. En concordancia con ello, se “ha demostrado” que Díaz “hizo mal uso de su poder como congresista y su investidura”. Ello debido a dos hechos: tener relaciones sexuales e ingerir alcohol junto a una trabajadora de su despacho en instalaciones del Congreso, además de haberla afectado seriamente. Díaz también había sido suspendido por 120 días tras un informe de la Comisión de Ética. Esta sanción venció el pasado 7 de enero.
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A diferencia de la primera votación del pleno que condujo al blindaje de Díaz, el pasado martes 10, el Congreso reunió ayer 77 votos a favor para aprobar el informe final que recomendaba su inhabilitación y con ello su salida del Congreso.
Esta segunda votación se dio luego de que la congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático-JP) presentó una reconsideración en la sesión previa, donde solo se reunieron 59 adhesiones y 21 congresistas se abstuvieron al momento de tomar una decisión. El mayor número de estas abstenciones se acumularon en bancadas como Perú Libre, el Bloque Magisterial y Perú Bicentenario. Varios de ellos esta vez votaron a favor de la sanción.
Sin embargo, cuatro legisladores mantuvieron ayer su posición en abstención: Raúl Huamán (Fuerza Popular), María Zeta (Fuerza Popular), Darwin Espinoza (Acción Popular) y Heidy Juárez (No agrupada), quien además fue ministra de la Mujer en las últimas semanas del gobierno de Pedro Castillo.
Tras la inhabilitación de Díaz, ingresará al Congreso en su reemplazo su accesitaria Nelcy Lidia Heidinger Ballesteros, de APP.
Defensas
Durante el debate, Freddy Díaz se defendió alegando que inhabilitar a una persona que aún no había sido declarada culpable era un “despropósito”. Además, dijo que esta sanción era una “estrategia” para que pierda el arraigo laboral y, de esta forma, se dicte alguna medida restrictiva en su contra. “No acepto que haya cometido un delito. Pido una votación justa”, añadió.
Congresistas como Heidy Juárez, Enrique Wong (Podemos Perú), Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) y Elvis Vergara (Acción Popular) presentaron argumentos que respaldaron algunas posiciones de Díaz.
Juárez indicó que ha actuado de manera objetiva y rechazó los señalamientos en su contra. “Tengo muchas dudas respecto a este caso. Es más, ya se le ha sancionado a Freddy Díaz en la Comisión de Ética y la inhabilitación por 10 años considero que es un exceso”, declaró la exministra de la Mujer del castillismo. “Me solidarizo. Soy defensora [de la mujer], pero también soy objetiva”, reiteró.
Vergara, vocero de Acción Popular, también se pronunció en ese mismo sentido. Afirmó que este era un caso complejo porque “hay una presión mediática”. “El Tribunal Constitucional en múltiples decisiones ha señalado cuáles son las garantías del debido proceso. [...] El Parlamento no es una isla, tiene que llevar a cabo el procedimiento sancionador de acuerdo al debido proceso y eso indica que debe haber merituación objetiva de las pruebas y no de acuerdo a la opinión pública”, concluyó.
Wong y Marticorena propusieron que la sanción de 10 años sea reducida a solo cinco debido a que, así como lo señaló Juárez, era una medida “exagerada”.
Audiencia y críticas
Freddy Díaz es investigado por la Fiscalía Suprema Penal por el presunto delito de violación sexual contra una trabajadora del Congreso. El despacho de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, a cargo del caso, solicitó el último martes nueve meses de prisión preventiva en contra de Díaz.
La audiencia de este requerimiento estaba prevista para ayer. Sin embargo, el Poder Judicial la reprogramó para las 8:30 a.m. de hoy debido a que la defensa de Díaz alegó que necesitaba más tiempo para la presentación de documentos.
En la exposición de motivos para la inhabilitación, congresistas de diferentes bancadas se pronunciaron a favor de la sanción de Díaz. Flor Pablo (no agrupada) reiteró que las razones por las cuales se pedía el desafuero del parlamentario respondían a hechos concretos que ocurrieron en el despacho congresal de Díaz.
Kira Alcarraz (Podemos Perú) apoyó estos argumentos y añadió que el presunto delito viene siendo investigado en el fuero correspondiente. Luis Aragón, que fue ponente del caso, agregó: “La subcomisión ha evaluado con la mayor transparencia y objetividad los medios probatorios alcanzados por las partes”.