El juez supremo Juan Carlos Checkley evalúa hoy, desde las 8:30 a.m., el pedido de la Segunda Fiscalía Suprema de nueve meses de prisión preventiva contra el ahora inhabilitado excongresista Freddy Díaz, acusado de violación sexual por una trabajadora del Parlamento.
Inicialmente la audiencia se había previsto para el jueves al mediodía, pero se postergó tras un pedido de la defensa de la víctima.
El abogado José Ugaz, defensor legal de la víctima, señaló que la conducta procesal de Díaz “ha sido peligrosa desde el inicio de la investigación”
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El abogado recordó que el congresista estuvo no habido luego de ser denunciado por violación el pasado 27 de julio, e incluso no acudió a la primera citación fiscal.
Además, aseguró que Díaz habría presionado a su personal de seguridad para que mienta sobre lo que ocurrió en su despacho parlamentario, así como a las psicólogas del Ministerio Público a cargo de las pericias practicadas a la víctima.
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En su requerimiento, la fiscal Ávalos alerta, en primer lugar, la existencia de “fundados y graves elementos de convicción que vinculan al imputado con la comisión del delito atribuido”.
En segundo lugar, la fiscal sostiene que la prognosis de pena privativa de la libertad contra Díaz Monago es superior a los cuatro años, tanto para el delito de violación sexual en estado de inconciencia o en la imposibilidad de resistir, como para el de violación sexual agravada, que alternativamente se le imputa a Díaz.
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Detalló que ambos delitos “encuentran su límite inferior en los 20 años de pena privativa de la libertad”. Como tercer punto, Ávalos Rivera calcula una “alta probabilidad” de fuga y de obstaculización de la investigación.
Sustenta este último punto en la carencia o la incertidumbre de arraigos domiciliario, familiar e, incluso, laboral, pues, como parlamentario, Freddy Díaz se encontraba suspendido por 120 días por ingerir licor en el Palacio Legislativo.
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Otros fundamentos del peligro de fuga advertidos por la fiscal son la gravedad del delito, la magnitud del daño causado -que considera “irreparable”-, la falta de actitud voluntaria para reparar o reducir el mismo, y la conducta inmediata que mostró luego de denunciarse el hecho.
Como se recuerda, por 59 votos a favor, 2 en contra (incluido del propio Freddy Díaz) y 21 abstenciones, el Pleno no alcanzó el último martes los votos necesarios para aprobar el informe que permitía inhabilitado para ejercer la función pública.
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