La Sala Penal Anticorrupción programó para este martes 9 de junio la audiencia de apelación a la resolución que declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra el empresario chileno Gerardo Sepúlveda en el marco del caso Odebrecht. La sesión se realizará de forma virtual a las 10 de la mañana.
Previamente, el Ministerio Público había solicitado al PJ programar “urgentemente” la fecha y hora de la audiencia de apelación a la comparecencia con restricciones dictada contra Gerardo Sepúlveda. La fiscalía insiste en su solicitud de prisión preventiva.
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El oficio fue enviado por el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, al presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Ramiro Salinas.
“Solicitar nuevamente que se programe urgentemente la audiencia de apelación del auto que declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva contra el procesado Gerardo Sepúlveda y dictó comparecencia con restricciones dentro del estado de Emergencia Nacional”, indica.
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Gerardo Sepúlveda cuenta con una orden de impedimento de salida del Perú desde febrero, la cual culminará este domingo 7 de junio.
Al respecto, el oficio advierte que esto implicaría su retorno a Chile, “afectando con ello la estrategia fiscal que el Ministerio Público tiene en el proceso penal que se le sigue como investigado, puesto que esta acción incide directamente en lo que será objeto de debate en la audiencia de apelación del auto de comparecencia con restricciones del investigado”.
Además, Vela sostiene que el retorno de Sepúlveda a su país de origen podría provocar que “no se sujete a la acción de la justicia”, generando que se “tenga que activar el procedimiento de extradición activa, con todo lo que ello implica para nuestro país, desde el aspecto técnico hasta el económico”.
Como se recuerda, el juez Jorge Chávez Tamariz, a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró infundado el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Gerardo Sepúlveda, como parte de las investigaciones por el Caso Odebrecht, vinculadas al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). La medida fue apelada por el Ministerio Público.
El fiscal José Domingo Pérez había solicitado dicha restricción contra el empresario chileno -dueño de la empresa First Capital y exsocio de PPK en la empresa Westfield- por el presunto delito de lavado de activos. Ambas compañías son investigadas por haber recibido pagos de Odebrecht.