La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio trámite a la solicitud presentada en setiembre del 2010 por la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP) luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara infundada una demanda de amparo para que la Iglesia se abstenga de intervenir en el manejo de los bienes de esa casa de estudios.
“Esto significa que el Estado Peruano tiene tres meses para dar un informe sobre lo que hemos pedido frente a esa sentencia de marzo del 2010. No es un prejuzgamiento de la Comisión Interamericana, pero el informe deberá responder los cuestionamientos que miembros de nuestra comunidad hemos hecho”, declaró el rector Marcial Rubio para la página web de la PUCP.
ANTECEDENTES En marzo del 2007 el cardenal Juan Luis Cipriani manifestó que al legar sus bienes a la Universidad Católica, el intelectual José de la Riva Agüero ordenó que estos sean velados por una junta administradora conformada por el rector y un delegado arzobispal. Meses después la universidad interpuso una acción de amparo en defensa de sus derechos constitucionales pero en el 2010 el TC declaró infundado a este recurso.
En suma, el tribunal dio la razón a la Iglesia, que remarcó la voluntad expresada por Riva-Agüero en su testamento de 1938, y desestimó el acuerdo que la PUCP firmó en 1994 con el representante del Arzobispado para que este último se inhiba de participar en la administración de sus bienes.