El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos suspendió a través de una medida cautelar al procurador general del Estado, Daniel Soria, mientras dure el proceso disciplinario que se ha iniciado en su contra.
La decisión fue tomada por la comisión ad hoc que se instaló como parte del proceso administrativo disciplinario que comenzó el 16 de noviembre, en base a un informe de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario.
La resolución emitida este 24 de noviembre señala que fue esta secretaría la que recomendó disponer una medida cautelar contra Soria Luján.
Específicamente, se dispone que el procurador general se encuentra exonerado “de la obligación de asistir al centro de trabajo” y de prestar servicio bajo cualquier modalidad de trabajo.
Esto estará vigente hasta que concluya el procedimiento disciplinario que todavía no concluye.
La cautelar, según la resolución, no afecta su derecho a la defensa, su remuneración y sus demás derechos y beneficios que le corresponden.
Un día antes del inicio del proceso disciplinario, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Justicia y Derechos Humanos Ana Revilla por supuestamente haber designado de manera irregular a Daniel Soria como procurador general del Estado sin seguir el procedimiento de ley y a pesar que no cumplía con los requisitos necesarios.
Previamente, el procurador había sido removido del cargo durante la gestión de Aníbal Torres como ministro de Justicia poco después de haber denunciado al entonces presidente Pedro Castillo ante la Fiscalía de la Nación por el caso denominado Puente Tarata.
Como explicación, se informó que el Órgano de Control Institucional (OCI) de la contraloría adscrito al Ministerio de Justicia aseguró que Soria fue nombrado en el cargo pese a no cumplir con los requisitos establecidos.
El informe precisó que Soria Luján solo certificó experiencia como asesor en la Defensoría del Pueblo.
Meses después, el Poder Judicial revocó esta decisión y ordenó que regrese a la cabeza de la Procuraduría General del Estado, decisión que fue confirmada en segunda instancia en junio de este año.
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