El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, justificó que el Congreso haya aprobado la ‘ley impunidad’ que reduce los plazos sobre la prescripción de delitos y que podría beneficiar a investigados por casos emblemáticos como Los Cuellos Blancos del Puerto y Lava Jato.
En declaraciones a Radio Nacional, el ministro dijo que el objetivo del Parlamento habría sido beneficiar a la población que afronta procesos judiciales y no a organizaciones criminales.
“Pensando en buena fe, no creo que el Congreso haya dado una ley para favorecer a determinado grupo y organización criminal. Más bien pienso que el Congreso lo que quiere es que la gran población que se encuentra sometida a un proceso penal no tenga procesos largos y eternos”, indicó este miércoles.
Maurate defendió así que el Congreso haya aprobado y el Gobierno promulgado la Ley 31751 que modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal.
El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aseguró que solo las familias de quienes han afrontado juicios largos conocen las dificultades que implican estos procesos.
“No creo que el Congreso tenga ese propósito malsano. Más bien pienso que el Congreso está pensando en la gran población que está sometida a juicios largos e interminables”, indicó, a pesar de que el presidente del Parlamento, José Williams, reconoció que la norma podría ser usada por procesados en casos importantes para evitar condenas efectivas.
Asimismo, aseguró que el Gobierno no había podido observar la iniciativa al señalar que esta labor está regulada y solo se puede aplicar en casos de leyes que afecten la Constitución, las convenciones internacionales o puedan alterar las competencias entre poderes del Estado.
La ley en cuestión modifica el artículo 84 del Código Penal que establece que el plazo de “suspensión de la prescripción” no deberá ser mayor a un año una vez presentada la investigación preparatoria ante el Poder Judicial. Asimismo, que la formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal.
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