HÉCTOR VILLALOBOS / LOURDES FERNÁNDEZ
“Quiero destacar que la idea de esta reunión ya no es hacer un diagnóstico, sino mirar de frente las posibilidades y las alternativas de solución que creen ustedes que son necesarias tomar para recuperar la seguridad de nuestra ciudad”. Con esta invocación, el director de El Comercio, Francisco Miró Quesada Rada, dio la bienvenida a las autoridades invitadas a la mesa redonda de este Diario sobre seguridad ciudadana. Bajo la moderación del editor central de Política, Juan Paredes Castro, los convocados dieron cuenta de una serie de anuncios dirigidos a mejorar la lucha contra la delincuencia.
GUERRA A LOS POLICÍAS DELINCUENTES El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, señaló que la lucha contra la corrupción es un tema central de su gestión y que están enfrentando esta lacra con la ayuda de la nueva Ley de Disciplina Policial que se aprobó en enero.
Añadió que ya existe un tribunal de disciplina policial. Además, se ha fortalecido la labor de contrainteligencia para identificar a quienes delinquen dentro de la institución. “Vamos a adoptar medidas radicales en el tema y promover procesos de limpieza institucional dirigidos contra aquellas personas que, por su comportamiento individual, son incompatibles con la función policial”.
En esta tarea, un aporte fundamental será una directiva que fue dada en marzo por el Poder Judicial. Según el presidente de la Corte Suprema, Enrique Mendoza, su gestión ha exhortado a los jueces a que no restituyan a los policías que hayan sido dados de baja por medida disciplinaria. “Eso ya no ocurre en estos momentos”, dijo.
LUCHA FOCALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Según cifras que maneja Pedraza, se estima que entre el 7% y el 10% de los delincuentes comenten el 70% de los actos criminales en el país. Por tal motivo, sostuvo que la mejor metodología para emplear contra el crimen organizado es focalizar a estos delincuentes. “Hay que hacer inteligencia para buscar a este segmento pequeño que comete todos esos delitos y así combatirlos”.
REFORMAS PENALES El titular del Congreso, Fredy Otárola, dijo que actualmente tenemos un Código Penal desarticulado, “sin proporción en las penas”. Anunció que desde el Parlamento se viene impulsando una reforma integral del mismo. “Vamos a transmitir a los operadores jurídicos del Poder Judicial y el Ministerio Público el texto final, para escuchar sus observaciones”, expresó. Sin embargo, añadió que también es necesaria una reforma judicial, de la Ley Orgánica del Ministerio Público y del Consejo Nacional de la Magistratura. En tanto, Enrique Mendoza sostuvo que se ha venido fomentando la elevación de las sanciones penales, pero de la mano con políticas de prevención y corrección.
SINCERAMIENTO DE LAS CIFRAS DE HOMICIDIOS El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, admitió que ha habido una enorme distorsión entre las estadísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional sobre homicidios. Dijo que este problema se generó a raíz de la mala información que insertaban los encargados de mesa de partes de las fiscalías. “Por ejemplo, la tentativa de homicidio era considerada homicidio y, entonces, esto lógicamente incrementaba el número”. Por tal motivo, anunció que se ha creado una comisión que está trabajando para sincerar las cifras y que se está coordinando estrechamente con el Instituto de Medicina Legal para este efecto. “Vamos a tener, próximamente, una cifra que se acerque mucho a la de la policía. Este anuncio fue destacado por el ministro Wilfredo Pedraza.
Había sido justamente el presidente de la ONG Ciudad Nuestra, Gino Costa, quien previamente cuestionó las discordancias que hay entre las cifras de la policía y de la fiscalía.
DIVISIÓN CONTRA USURPADORES DE TERRENOS Pedraza anunció además la próxima creación de una división especial de la policía que enfrentará las usurpaciones de terrenos en todo el país. “Se trata de una policía anticonflictos. El equipamiento lo tenemos pero espero que en diciembre podamos contar con esos contingentes”. Añadió que existe un gran número de denuncias vinculadas al tráfico de terrenos. “Vamos a identificar a los cabecillas que dirigen poderosas mafias. Ese es nuestro objetivo”, sentenció. Precisó que este modelo sería similar a la recientemente creada división que combate la extorsión en las obras de construcción civil.
Precisamente, minutos antes, Otárola había propuesto la creación de un grupo policial especializado en usurpación de terrenos. “Los traficantes de terrenos son bandas que se mueven por todo el Perú, que invaden y venden terrenos ajenos y botan a los pobladores que no quieren pagarles”, dijo.
Pero la formación de este grupo especial no es la única medida contra los traficantes de terrenos. Enrique Mendoza sostuvo que están preparando un proyecto de ley para presentarlo al Congreso, mediante el cual se busca ampliar el plazo de 24 horas que tiene un fiscal para intervenir en una invasión, a 15 o 20 días. “Ocurre que hay propietarios legales que han viajado y se les pasa las 24 horas y ya no pueden pedir la intervención de la fuerza pública. Se trastoca todo”, sostuvo. Por su parte, el ministro Pedraza añadió que ya hay un proyecto del Ejecutivo similar, para ampliar el plazo a 10 días.
¿ADIÓS A SAN JACINTO? Sin entrar en mayores detalles, el ministro Pedraza anunció que próximamente los mercados de partes robadas de vehículos, como San Jacinto y La Cincuenta pasarán a la historia. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, también señaló que el concejo hará intervenciones planificadas en La Chancadora, Manzanilla y Chacra Ríos, lugares de venta de artículos robados y de alta incidencia delictiva. Gino Costa señaló que no basta con bloquear los accesos a estos lugares. “El funcionamiento de estos mercados es el principal motor para la existencia del delito callejero que es principal dolor de cabeza de todos”, aseveró.