El Gobierno presentó este martes ante el Congreso el proyecto de ley mordaza que busca criminalizar la difusión de información reservada de investigaciones penales y cuyo anuncio, hace poco más de una semana, fue rechazado por distintos sectores e instituciones especializadas por atentar contra la libertad de información.
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El proyecto de ley -“que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal”- propone entre 2 y 4 años de prisión para los fiscales y jueces que difundan información reservada de investigaciones penales.
El documento, que ingresó a la mesa de partes del Congreso a las 9:25 de la mañana, lleva las firmas del presidente Pedro Castillo y del primer ministro Aníbal Torres.
En concreto, el Gobierno busca modificar el artículo 409 del Código Penal indicando que “el agraviado, imputado, abogado, representante legal o cualquiera de las partes comprendidas en una investigación penal, que proporcione o difunda información de carácter reservada (...) a personas no legitimadas (...) poniendo en riesgo los fines de la investigación, será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de uno, ni mayor de dos años”
En el caso de un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo o miembro de la Policía, la pena será de 2 a tres años.
Y, lo más peligroso, si, directa o indirectamente, difunden información a través de los “medios de comunicación social u otros de difusión masiva, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de dos, ni mayor de cuatro años”.