El último martes, trece generales de la Policía Nacional que pasaron al retiro por decisión del Gobierno interpusieron una acción de amparo ante el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Se trata de los tenientes generales Orlando Velasco, Jorge Lam y Herly Rojas, además de los generales José Céspedes, Luis Beltrán, Alexis Bahamonde, Oswaldo Chuquillanqui, Jesús Ríos, Lorenzo Granados, Eswin Manay, Alejandro Oviedo, Mario Arata y Carlos Guillén.
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Los oficiales demandan por omisión de actos de cumplimiento obligatorio tanto al presidente Francisco Sagasti como al actual titular del Interior, José Elice, y al nuevo comandante general de la Policía, César Cervantes, quien fue nombrado con la salida de sus superiores más antiguos.
Si bien en la primera hoja no se incluye al ex ministro del Interior Rubén Vargas, en el petitorio de las páginas siguientes sí se lo señala como demandado. Además, se especifica que, cuando este ejerció su cargo “se produjeron las vulneraciones a los derechos fundamentales” de los efectivos.
El presidente de la República, Francisco Sagasti, dijo este sábado que no habrá “vuelta atrás” con los cambios realizados respecto a los altos mandos de la Policía Nacional, así como en el área administrativa de la institución.
En entrevista con RPP Noticias, recordó que la propia ley de ascensos y del pase a retiro de la PNP no permite retirar selectivamente, sino que los movimientos afectan a todo un escalafón al designar a un nuevo comandante general.
“Cuando alguien es nombrado comandante general y tiene otros generales por encima, automáticamente pasan al retiro. Eso es parte de la estructura que tienen instituciones jerárquicas como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Queda recomponer todo el alto mando policial y estamos en eso”, declaró en aquel momento.
En el texto del amparo, los demandantes señalan que la resolución suprema del 24 de noviembre -con la que se decretó los pases al retiro y el nombramiento de César Cervantes- contravino la Ley de la Policía Nacional del Perú (Decreto Legislativo N° 1267), su reglamento (Decreto Supremo N° 026-2017-IN y modificatorias) y la Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú (Decreto Legislativo N° 1149).
Según los afectados, la designación de un comandante general por renovación de cuadros, prevista en la normativa de la PNP, se aplica -de manera ordinaria o excepcional- en estricto margen de una terna de oficiales de mayor antigüedad.
“En el caso materia de análisis, las Resoluciones Supremas Nos. 093, 097, 098, 099, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 112 y 114 sustentan los pases al retiro de los que fuimos objeto en una pretendida causal de renovación de cuadros extraordinaria que, sin embargo, no puede operar válidamente porque el nombramiento de un oficial general menos antiguo como Comandante General de la Policía –vale decir, del general Cervantes Cárdenas– se ha producido vulnerando el orden de prelación exigido por el Art. 8° de la Ley de la Policía Nacional del Perú, pasando por encima de tres (3) tenientes generales y de diecisiete (17) generales de mayor antigüedad”, se lee en la demanda.
Además, añaden que las facultades otorgadas por la Constitución al presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fueron excedidas.
Indican que las resoluciones no citan los motivos secundarios del cese y aclaran que, en cuanto a las supuestas responsabilidades en actos de corrupción o en la represión policial de las manifestaciones el 14 de noviembre, no median sanciones administrativas que determinen una causal de retiro.
Con todo ello, la demanda señala como arbitraria e inconstitucional la decisión del Ejecutivo.
“En el presente caso, nuestro pase al retiro no encuentra sustento legal en ninguno de los supuestos previstos en la Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú, sino en una mera decisión del Presidente de la República, fuera de todo marco legal, que parte de un arbitrario empleo de las facultades constitucionales previstas en los Arts. 167º y 172º de la Constitución Política del Estado, cuyo ejercicio no puede discutirse en la vía ordinaria y que configura una gravísima vulneración de nuestros derechos fundamentales”, indica el amparo.
De acuerdo con los oficiales generales, los derechos que se violentaron son al debido proceso, a la igualdad ante la ley y al honor, además de su proyecto de vida. Por tanto, reclaman que, por vía judicial y a resolución de su demanda, se ordene al Ministerio del Interior que se les reincorpore en sus puestos y se declare la nulidad de las resoluciones que los pasaron al retiro y que colocaron a Cervantes como alto mando de la institución policial.
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