Me sorprendió de veras que en su mensaje a la nación el presidente Martín Vizcarra hablara, propusiera y decidiera como jefe del Estado y en el tono de jefe del Estado.
Algo que, en verdad, quien esto escribe siempre ha querido ver en los presidentes peruanos, reconocidos constitucionalmente como jefes del Estado, pero reducidos a atribuciones y funciones de gobierno, que los ha puesto y los pone, lamentablemente, en el mismo nivel de los demás órganos de poder, como el Legislativo y el Judicial.
Que la reforma judicial no se haya abierto paso por años a iniciativa de los propios órganos del sistema y más bien se haya ahondado al borde del escándalo y la criminalidad, y que la reforma política en manos del Congreso no haya pasado a ser más que una distracción interesada y demagógica, le ha dado pie a Vizcarra para ponerse no solo por encima de dos poderes del Estado, sino también por encima de atribuciones suyas no muy claras constitucionalmente y que, usadas como están siendo usadas, pueden parecer desafiantes.
En efecto, Vizcarra ha sabido capitalizar ambas crisis, la judicial y la política, para salir de la propia, interna, traducida en una baja aprobación, pero fundamentalmente para poner a prueba lo que viene ensayando hace poco: el de pasar al ejercicio real y efectivo de jefe del Estado. Desde esta posición, él puede generar iniciativas de mejores resultados que las que materializaría como jefe de Gobierno. Ya está probado, por ejemplo, el éxito de haber puesto en la agenda nacional las reformas judicial y política con el impacto ciudadano que de otro modo ello no hubiera funcionado.
No creemos estar ante una estratagema política de Vizcarra para simplemente reposicionar su presidencia frente a la debilidad de los otros poderes. Algo ha prendido en él, como una llama azul, que le permite sobreentender la gravedad de la crisis institucional del país, con componentes adicionales de corrupción e informalidad introducidos en ella de pico a patas. No le queda sino romper con los típicos miedos que suscita la clásica separación de poderes y apelar a las atribuciones de jefe del Estado para, sin avasallar autonomías, y dentro de los cauces constitucionales, permitirse “orientar e intervenir eficientemente en la solución de los conflictos de poder”, como lo recomendaría Marcial Rubio Correa de cara a su propuesta de rediseño de la Presidencia de la República.
La propuesta de un referéndum para convalidar los cambios constitucionales que vayan a reforzar las reformas judicial y política planteadas redondea la faena de 28 de julio de un Vizcarra que salió ese día de la cama con el pie derecho de jefe del Estado. Esto hace que pensemos que César Villanueva ha hecho también lo propio con el pie derecho de jefe de Gobierno, para dejar a Vizcarra ocuparse de asuntos más elevados que los propiamente administrativos, de responsabilidad ministerial, a su cargo.
Bienvenida la división de roles en una presidencia más necesaria que nunca y que también debiera ser reformada.