La Junta Nacional de Justicia (JNJ) solicitó al Ejecutivo, a través del ministro de Justicia Aníbal Torres, que se le otorgue el informe favorable para que puedan convocar al concurso público a fin de cubrir plazas de magistrados supremos y otros niveles.
A través de un comunicado, se informó que este jueves, Inés Tello de Ñecco y José Ávila Herrera, presidenta y vicepresidente de este órgano constitucional, respectivamente; se reunieron con el titular de Justicia a fin de tratar diversos temas del sector justicia.
Uno de los puntos en los que hicieron énfasis los representantes de la JNJ fue en solicitar que el Ministerio de Economía pueda emitir un informe presupuestario favorable -tal como se indica en el el Artículo 8.3 de la Ley de Presupuesto- a fin de convocar a concurso para cubrir seis plazas de magistrado supremo, 54 plazas de jueces de diferentes niveles en el Poder Judicial y 129 plazas de fiscales, también de diferentes niveles.
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De acuerdo con la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2021, la JNJ no puede hacer nombramientos si las plazas no cuentan con la previsión presupuestal correspondiente.
Además, la JNJ solicitó que el presidente Pedro Castillo convoque al Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia a fin de abordar de modo urgente “la elevada provisionalidad de jueces y fiscales”, que supera las mil plazas de supernumerarios en el Poder Judicial y las cuatro mil en el Ministerio Público. Ello, a fin de determinar las acciones presupuestales que permitan revertirla, lo cual compromete al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República.
Según se informó, en el encuentro, solicitado por la JNJ, el ministro Aníbal Torres mostró su total disposición y compromiso ante los pedidos formulados.
De igual modo, la JNJ ha solicitado en la fecha una sesión especial de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, para exponer sobre la situación de la provisionalidad en el sistema de justicia y las vías para afrontarla. Además, dicha institución confía en que el diálogo responsable y alturado entre instituciones permita hallar la vía idónea para lograr una justicia más célere, transparente y previsible.
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