El Congreso de la República anunció, en sus redes sociales, que el lunes 12 de julio, durante la Junta de Portavoces, evaluarán con “prioridad” la decisión de la Fiscalía de la Nación de iniciar diligencias preliminares contra los legisladores que habrían cometido delito al no acatar la orden de suspender provisionalmente la elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC).
“La Junta de Portavoces, que se realizará este lunes, tratará el tema con prioridad. El equilibrio y control de poderes no debiera judicializarse, máxime cuando no hay decisión sobre la designación de magistrados del Tribunal Constitucional”, informó el Parlamento en su cuenta de Twitter.
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Horas antes, el Ministerio Público informó que ha dispuesto el inicio de las diligencias preliminares contra los parlamentarios por el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad por aprobar, el pasado 7 de julio, un acuerdo de la Junta de Portavoces de la víspera para no acatar una resolución judicial que ordenaba suspender provisionalmente la selección de magistrados del TC.
“El Congreso expresa su preocupación sobre la investigación preliminar iniciada por la Fiscalía de la Nación. Esta institución puede iniciar investigaciones, pero debe ajustarse a la Constitución y las leyes, especialmente cuando se trata de altos funcionarios”, señaló el Poder Legislativo, para aludir al artículo 99 de la Constitución.
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Dicho texto citado de la Carta Magna señala que es competencia de la Comisión Permanente el acusar ante el Congreso a altos funcionarios, entre ellos a representantes del Parlamento, por infracción constitucional y por “todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas”.
La Fiscalía de la Nación dispuso que el plazo de las diligencias sea por cuatro meses por el número de congresistas implicados en el caso.
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Las acciones que realizará el Ministerio Público incluirán la identificación de los parlamentarios que votaron a favor de ratificar el acuerdo de los portavoces para elegir a los magistrados del TC y la recepción de sus declaraciones.
También pedirán el acta de la sesión del 8 de julio, cuando la Junta de Portavoces llevó a cabo una reunión en la cual se ratificó la decisión de seguir adelante con la selección de miembros del tribunal y denunciar penalmente a la jueza Soledad Amparo Blácido Báez, quien ordenó la suspensión al aprobar una medida cautelar presentada por el abogado Walter Ayala.
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