El expresidente Alberto Fujimori, condenado por diversos delitos e interno en el penal de Barbadillo, participó de manera virtual en la audiencia judicial para recoger su testimonio como parte del proceso por el asesinato de reos en el penal Miguel Castro Castro en 1992.
En la sesión, el exmandatario rechazó haber ordenado alguna matanza al interior del centro penitenciario durante su declaración indagatoria ante el Poder Judicial y el Ministerio Público.
“Los penales estaban en un descontrol total con atención deficiente, no solo en cuanto a atención primaria como alimentación y salud [...] Había dos pabellones controlados por terroristas. Uno era pabellón de hombres y otro de mujeres. Ningún miembro de seguridad del INPE podía ingresar”, aseguró.
Los hechos ocurridos entre los días 6 y 10 de mayo de 1992 se registraron durante un traslado de reos y un motín que fue controlado por fuerzas del orden pocas semanas después del autogolpe del 5 de abril.
“Se me imputa haber ordenado el asesinato. Yo niego tajantemente que hubo tal orden o tal disposición [...] niego tajantemente tal plan de aniquilamiento y más bien, y se puede ver con resultados, yo dispongo que las Fuerzas Armadas trabajen, se acerquen y se ganen la confianza de la población”, aseguró.
Según los hechos por los cuales podría ser investigado y denunciado si procede su extradición ante Chile, Alberto Fujimori habría facilitado la intervención en el penal Castro Castro luego del autogolpe al otorgar el control del INPE al Ministerio del Interior.
En ese sentido, el exmandatario también negó que esto, o el haber felicitado a las fuerzas del orden por controlar el centro reclusorio pueda ser evidencia de algún delito de su parte.
“Fue un motín, estuvieron armados y lógicamente la policía en su rol se defendió. Esa felicitación no fue por supuestas ejecuciones, menos ordenadas por mí, sino porque lograron controlarlo respetando los derechos humanos”, indicó este viernes 13 de enero.
Cabe recordar que en el 2021, durante el gobierno de Pedro Castillo, se aprobó ampliar el pedido de extradición contra Alberto Fujimori por diversos delitos, incluyendo el de homicidio calificado contra los fallecidos en el motín del penal Castro Castro en 1992.
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