El Ministerio Público ha pedido al Poder Judicial que los bienes inmuebles de Alejandro Toledo Manrique, así como de su entorno familiar, pasen a ser propiedad del Estado.
La Fiscalía de Extinción de Dominio ha presentado una demanda, según informó este viernes 17 de marzo.
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Esto ocurre en paralelo a los procesos que se llevan a cabo en Estados Unidos ante los recursos que ha presentado Toledo Manrique para evitar que se concrete su extradición al Perú, a pesar que las autoridades norteamericanas han concedido esta medida.
Adicionalmente, la fiscalía informó que se trata de los inmuebles ubicados en Las Casuarinas, Punta Sal, Camacho y las unidades inmobiliarias de la Torre Omega, adquiridos por la suma de US$5′126.716,14. También, el monto de US$ 42.237,70 de la cuenta de de Eva Rose Fernenbug en una entidad financiera. Los inmuebles, añadió la fiscalía, estarían vinculados a las actividades ilícitas contra la administración pública (delitos de colusión y tráfico de influencias) y lavado de activos.
Toledo a través de sus abogados ha pedido a la jueza principal del Tribunal para el Distrito de Columbia, Beryl A. Howell, que emita una “orden judicial preliminar” que prohíba al Gobierno de EE.UU. que pueda detenerlo o dictarle prisión preventiva para su posterior entrega al Perú.
Esto, luego que el juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, informó que esperará que se defina la apelación de hábeas corpus de Toledo y, de ser rechazada, ordenará de oficio la detención del expresidente.
La apelación del hábeas corpus la evalúa el tribunal superior del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de EE.UU.
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