El Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutaron ayer una diligencia de allanamiento, registro domiciliario y personal e incautación en la vivienda del ex secretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco Castillo, ubicada en el distrito limeño del Rímac.
La operación estuvo a cargo del fiscal provincial Marco Huamán, de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, quien investiga a Pacheco por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado.
De acuerdo con el Ministerio Público, la diligencia se efectuó como parte de las indagaciones según las cuales Pacheco habría intercedido ante Luis Vera, titular de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), para “favorecer a empresas con deudas pendientes de pago”.
“Estas empresas son Grupo Deltron Internacional S.A.C. y MQVC Corporation, esta última representada por José Hanco Lupinta; además de Marco Urbina Chumpitasi, quien participó en el concurso de nombramiento de martilleros públicos para la Intendencia Sunat de Trujillo y La Libertad”, informó la Fiscalía de la Nación.
La institución añadió que, a la largo de la indagación, se ha evidenciado que “la información sobre los presuntos hechos ilícitos provino de mensajes vía los aplicativos WhatsApp y Telegram” enviados por Pacheco a Vera.
Diligencia
Diligencia
Esta acción, que se realizó de forma simultánea en el Rímac y en Miraflores, también incluyó los inmuebles de Hanco Lupita y Urbina Chumpitasi.
“Hay información que se va a analizar”, declaró el fiscal Marco Huamán a su salida del inmueble en Miraflores vinculado a Urbina Chumpitasi. Agregó que se buscaron “computadoras, equipos digitales, medios electrónicos”.
Por otro lado, la fiscalía informó que se solicitó allanar un inmueble de Silvia Barrera Vásquez, exalcaldesa de Villa María del Triunfo, testigo en este mismo caso, debido a que sería “quien se beneficiaría con los ofrecimientos de Bruno Pacheco, tal como consta en los mensajes de WhatsApp”.
No obstante, el Poder Judicial declaró infundado el pedido en el caso de la exalcaldesa.
El penalista Andy Carrión comentó que todo allanamiento se hace con una orden judicial y se ejecuta de forma sorpresiva para recolectar “indicios vinculados al delito, que es lo que, de alguna manera, autoriza el juez”.
Del mismo modo, explicó que los investigados pueden apelar la orden que autorizó el allanamiento, pero hasta entonces la fiscalía puede programar una diligencia para visualizar los datos que se encuentren en los aparatos incautados.
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