La Paz. En los últimos dos días ha habido un cierto consenso entre las autoridades peruanas sobre la manera en la que el prófugo Martín Belaunde Lossio debe ser conducido ante la justicia peruana. Desde el ministro de Justicia, Daniel Figallo, pasando por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, todos han coincidido en que el ex jefe de campaña del presidente Ollanta Humala debe ser expulsado de Bolivia para que rinda cuentas ante del Poder Judicial del Perú.
De hecho, ayer el fiscal Pablo Sánchez, quien el lunes último asumió interinamente la conducción del Ministerio Público por un plazo de seis meses, indicó que apostar por la expulsión de Martín Belaunde Lossio del país altiplánico resulta más efectivo que recurrir a la vía diplomática para buscar una engorrosa extradición.
“Considero personalmente que, siendo una persona investigada en un proceso penal por delitos comunes, no políticos, y [dado] que está prófugo de la justicia, debe ser expulsado”, afirmó Sánchez.
Asimismo, advirtió que un pedido de extradición solo haría que el prófugo empresario sea investigado por los delitos que se especifican en ese tipo de solicitudes diplomáticas.
LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNOLas declaraciones del titular del Ministerio Público van en concordancia con las gestiones que inició el Gobierno Peruano el pasado lunes, en las que pidió con urgencia a Bolivia la expulsión de Martín Belaunde Lossio.
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El prófugo empresario ingresó a ese país, según dijo Pablo Sánchez, de manera ilegal el 1 de diciembre del año pasado. De hecho, el Gobierno centró sus argumentos en esto último, a fin de que proceda en el corto plazo esta exhortación.
Sin embargo, un documento al que anoche tuvo acceso El Comercio revela que las estrategias de la fiscalía y del Ejecutivo no apuntaban, desde un principio, en la misma dirección. El 31 de diciembre, cuando el hoy suspendido Carlos Ramos Heredia aún conducía el Ministerio Público, la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación envió al Ministerio de Relaciones Exteriores para que pida al Gobierno Boliviano el arresto provisorio de Martín Belaunde Lossio con fines de extradición por los presuntos delitos de asociación ilícita y peculado.
Si procede esta solicitud, el prófugo empresario será traído al Perú solo para ser juzgado por el Caso ‘La Centralita’ (referido a los casos de corrupción en Áncash) y no por los lobbies que habría gestionado a favor de la constructora Antalsis.
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Entre tanto, las autoridades bolivianas manejan con absoluto hermetismo el Caso Belaunde Lossio. Ayer, el vicepresidente de ese país, Álvaro García, se limitó a señalar que su país nunca va a proteger a personas acusadas de corrupción”. No obstante, indicó que respetarán los acuerdos internacionales, respecto al pedido de refugio que tramitó Belaunde el 15 de diciembre.
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Canciller: investigación a @martinbelaunde no es un caso de persecución ► http://t.co/ZwTc8COn0I pic.twitter.com/aia7MXpPTv— Política El Comercio (@Politica_ECpe) enero 7, 2015