La constructora Graña y Montero ha presentado una solicitud de arbitraje contra el Estado Peruano ante la secretaría general del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Una de sus consorciadas en la obra, la brasileña Odebrecht, aceptó recientemente haber realizado pagos ilícitos para adjudicarse el GSP.
Fuentes de Graña y Montero indicaron que la compañía todavía está a la espera de que la secretaría general del Ciadi confirme si registrará la solicitud, pues ese es el primer paso para el inicio del proceso de arbitraje. El consorcio Gasoducto Sur Peruano estaba integrado por Odebrecht (con 55%), la española Enagás (25%) y Graña y Montero (20%).
El 24 de enero del 2017, el Ministerio de Energía y Minas dio por concluido el contrato de concesión del proyecto alegando que el concesionario no había podido acreditar “el cumplimiento del cierre financiero dentro del plazo contractual establecido”. Sin embargo, el consorcio ya había realizado parte de la inversión total acordada, que ascendía a más de US$7.000 millones.
Para recuperar ese dinero, en julio del 2019 Enagás –acogiéndose a los tratados bilaterales de protección de inversiones– inició un primer arbitraje contra el Perú. Alegó no haber podido llegar a un “arreglo amistoso” sobre la controversia con el Estado. La española fijó el valor de la demanda en US$1980 millones.
El Ciadi es el centro de arbitraje internacional del Banco Mundial, establecido en 1966. Se encarga de resolver controversias relativas a inversiones entre estados e inversionistas internacionales. También está disponible para disputas entre estados sobre tratados de inversión y de libre comercio.
En un documento enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores, GyM indicó que hizo el pedido “tras haberse agotado la vía de trato directo” con el Estado y que, recién después de que el Ciadi lo acepte, podrá presentar la demanda arbitral.
Sobre el tema, el exdirectivo de la constructora José Graña dijo en Twitter que ya no tiene “intervención alguna en la toma de decisiones” de la empresa, que funciona bajo otra administración. El todavía accionista tiene un proceso de colaboración eficaz con la fiscalía distinto al de la firma.
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