El colegiado D de la Sala Penal Nacional resolvió devolver el voluminoso expediente del Caso Sánchez Paredes al Ministerio Público con el fin de que subsane los errores y omisiones de la acusación hecha contra los procesados.
Según información proporcionada por el Poder Judicial, el fiscal tiene un plazo máximo de 30 días naturales para subsanar parte de las observaciones que los abogados de los encausados y de las empresas implicadas han formulado.
El tribunal, presidido por la jueza superior María Luisa Apaza Panuera, ha detallado en su resolución todos los errores y omisiones que debe corregir el representante del Ministerio Público en este caso.
Las observaciones fueron expuestas durante la audiencia de control de acusación fiscal, realizada hace unas semanas, por la defensa de los procesados Fidel Ernesto Alayo Sánchez, Orlando Sánchez Paredes, Manuel Sánchez Paredes, Fortunato Wilmer Sánchez Paredes y Jesús Belisario Esteves Ostolaza.
Todos ellos están investigados por el presunto delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico. La Primera Fiscalía Superior de Lavado de Activos ha solicitado para todos los mencionados una pena de 28 años de cárcel y el pago de S/100 millones de reparación civil a favor del Estado.
En aquella audiencia, el fiscal superior Frank Almanza Altamirano sustentó ante el tribunal que la acusación estaba completa y cumplía rigurosamente con lo establecido en el Código de Procedimientos Penales y otras exigencias legales.
Además de la jueza Apaza, el colegiado D de la Sala Penal Nacional está integrado por Juan Carlos Santillán Tuesta y Francisco Mendoza Ayma.
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