El chileno Jaime Castillo Petruzzi, quien integró el comité central del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), fue expulsado ayer del país.
Castillo, uno de los encargados de los secuestros que realizaba la organización terrorista, cumplió ayer su condena a 23 años de prisión en el penal Castro Castro (San Juan de Lurigancho). Había sido capturado en 1993, luego del rescate del empresario Raúl Hiraoka Torres.
Desde hace una semana, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ya había coordinado la expulsión del chileno ante la cercanía del cumplimiento de su sentencia por terrorismo.
Ayer, la prensa esperó su salida de Castro Castro desde la mañana, pero recién dejó el penal pasadas las 2 de la tarde. Minutos antes, el INPE entregó a Castillo a la dirección de extranjería para que procediera a deportarlo. Inmediatamente fue trasladado en una camioneta de la prisión al aeropuerto Jorge Chávez para que tomara un avión a Santiago de Chile.
La hora prevista para la salida del vuelo del emerretista era las 5 de la tarde. Por si los trámites de extranjería demoraban más de la cuenta, las autoridades peruanas reservaron otro vuelo que debía salir a la 1 de la mañana de hoy. Sin embargo, según se informó, no hubo demora, por lo que dejó el país en el primer avión.
Anoche, Canal N publicó una imagen en la que se ve a Castillo en el área de embarque del aeropuerto. Fue la única imagen que se difundió del chileno.
—Sin retorno—Horas antes de que Castillo abandonara el país, el jefe del INPE, Carlos Vásquez, señaló que no puede volver al país.
“La expulsión determina la prohibición de retorno al país”, aseveró.
Además, precisó que el chileno no tenía procesos judiciales pendientes en el Perú.
En tanto, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, también antes de que Castillo dejara el Perú, dijo que esperaba “que se suba al avión, se vaya a su país y no regrese nunca más”.
A propósito de la expulsión del emerretista y de que algunos sentenciados por terrorismo están por salir de prisión [ver nota vinculada], Pérez Tello también señaló que los condenados por ese delito deben cumplir sus condenas completas.
“La lógica es esa. Tienen que cumplir sus condenas. No vamos a permitir que ningún terrorista se convierta en héroe. Son delincuentes y en eso debemos estar todos juntos”, manifestó Pérez Tello.
En sus declaraciones, la ministra se refirió al caso del mausoleo de Comas, donde están los restos de presuntos miembros de Sendero Luminoso que murieron en El Frontón en 1986.
“Por supuesto que el entierro corresponde, es un derecho, pero de ninguna manera [debe existir] el mausoleo ni marchas de reconocimiento. Si hay que ajustar la tipicidad penal para que situaciones como estas no se den, habrá que hacerlo. El terrorismo siempre nos llevó la delantera. Va siendo hora de que nosotros nos adelantemos”, señaló.
Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera, en la actualidad se puede cuestionar las sentencias que se impusieron a los terroristas en la década del 90.
“Alguien podría decir que a estas alturas de la historia crímenes de esa naturaleza merecerían más años de prisión, sin ninguna duda si esos crímenes se cometerían ahora. Pero lamentablemente el Código Penal de 1991, vigente cuando cometieron esos delitos, era la pena posible de poner. La sala penal puso el máximo de pena posible”, recordó.
El caso de Castillo es particular, ya que un fallo de fines de los años 90 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (consecuencia de una demanda presentada por él y otros tres emerretistas chilenos) generó que el gobierno de Alberto Fujimori se alejara del sistema interamericano de DD.HH.
Recién en el gobierno de Valentín Paniagua (2000-2001) se normalizaron las relaciones con la CIDH.
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