El fiscal Germán Juárez, miembro del equipo especial Lava Jato, no solo ha iniciado una investigación preliminar al presidente de la República, Martín Vizcarra, por presuntamente haber cometido cohecho y colusión en agravio del Estado cuando era gobernador regional de Moquegua. En su última disposición, a la que accedió El Comercio, también ha ordenado que el mandatario sea investigado por asociación ilícita para delinquir.
Junto a Vizcarra, los otros investigados son Elard Tejeda, dueño de la empresa Obrainsa; Fernando Castillo Dibós, dueño de la constructora ICCGSA; Rafael Granados, exgerente de ICCGSA; y el exministro de Agricultura José Manuel Hernández. El inicio de esta pesquisa es por los presuntos pagos ilícitos que las empresas investigadas por el ‘club de la construcción’ habrían hecho para obtener la buena pro de dos obras: Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua.
“Esta actuación plural vislumbraría acciones con la finalidad de cometer ilícitos en el tiempo. Por ende, correspondería que la investigación comprenda también el delito de asociación ilícita debido al ámbito de criminalidad organizada. Resulta aplicable”, señaló Juárez.
El fiscal remarcó que ICCGSA y Obrainsa han cometido hechos “graves que se habrían mantenido en el tiempo” como miembros de la presunta organización criminal el ‘club de la construcción’ y que sus actos ilícitos no solo los cometieron para adjudicarse obras de Provías Nacional entre el 2011 y el 2014, sino que “trascendió a años anteriores” y en gobiernos regionales, “como en el presente caso [Moquegua]”.
La carpeta fiscal se ha formado tras las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces 10-2018, 01-2018 y 13-2019. El Comercio reveló que estas personas declararon a Juárez que el consorcio Obrainsa-Astaldi pagó S/1′000.000 a Vizcarra por la buena obra en Lomas de Ilo y que el consorcio de ICCGSA e Incot desembolsó S/1′300.000 al mandatario por el hospital de Moquegua. Las entregas de este último monto, según los testimonios, fueron a través del exministro Hernández.
“Los pagos se realizaron entre el 2014 y el 2016, como entre 6 y 8 oportunidades con Hernández en las oficinas de ICCGSA. Hubo dos entregas directas a Vizcarra, una por Rafael Granados y otra posterior por Fernando Castillo Dibós”, ha dicho uno de los aspirantes, según la última disposición.
Entre las dieciséis diligencias que Juárez ha ordenado, figura la solicitud de levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de los investigados entre el 2012 y el 2014 para realizar un peritaje contable. También ha requerido el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los investigados, “cuyos números han sido brindados por los colaboradores”, para un peritaje policial de geolocalización.
Asimismo, Juárez ha solicitado a la contraloría las declaraciones juradas que presentó Vizcarra cuando era gobernador regional, así como los informes de control que existan sobre Lomas de Ilo y el hospital regional.
El fiscal también ha requerido información a la Unops, que estuvo a cargo de las dos licitaciones.
Sobre la competencia
En su resolución, Juárez mencionó que en el reglamento de las fiscalías especializadas, emitido por la Fiscalía de la Nación en el 2015, se dispuso que son competentes para investigar por “organización criminal, gravedad, complejidad, repercusión nacional y/o internacional, que el delito sea cometido en más de un distrito fiscal o que sus efectos superen dicho ámbito”.
Precisó que en ese marco normativo se encuentran estos hechos, con la existencia de dos empresas del ‘club de la construcción’, que “dentro de ese modus operandi” habrían actuado en el GORE Moquegua, cuando Vizcarra era gobernador. “Situación que denota su repercusión nacional”, señaló. “Esta fiscalía supraprovincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios sería competente para investigar los presuntos hechos punibles”, manifestó.
En una entrevista a RPP, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, aseguró ayer que no tienen ningún impedimento para investigar a Vizcarra.
Afirmó que Juárez abrió investigación en el uso de su “autonomía”, sin que ello signifique que esté enfrentándose a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien decidió la noche del viernes que el caso debe ser investigado por una fiscalía anticorrupción provincial. Dijo que Juárez inició la pesquisa “sin tener conocimiento” de lo resuelto por Ávalos.
“Formalmente, el presidente está investigado únicamente por el fiscal Juárez y en Moquegua habría que verificar si hay alguna investigación más al respecto”, manifestó.
Descargos
Este Diario se comunicó con la Oficina de Prensa de Palacio de Gobierno. Señalaron que el presidente aún no ha sido notificado formalmente. Desde la defensa legal de Tejeda no quisieron pronunciarse. Los abogados de Castillo Dibós y Hernández no respondieron las comunicaciones.