El fiscal Germán Juárez Atoche, titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, adelantó que su despacho planea volver a citar a Ollanta Humala en el marco de la investigación preparatoria que se les sigue al ex presidente y a su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de conversión, a raíz de los aportes económicos percibidos por el Partido Nacionalista Peruano para las campañas electorales del 2006 y 2011.
Humala Tasso ya había declarado anteriormente ante Juárez Atoche en calidad de testigo, pero esta vez rendirá su maniefestación en condición de investigado, en caso sea requerido. “Se verá oportunamente”, dijo anoche el fiscal luego de que Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, ordenara comparecencia restringida para Humala Tasso. Como se recuerda, este fue incluido en octubre en la pesquisa que ya se realizaba contra su esposa Nadine Heredia.
La investigación preparatoria contra Heredia se formalizó el 7 de junio de este año. Por entonces, Humala aún ejercía la presidencia del país.
El juez concepción Carhuancho estableció anoche qué reglas de conducta deberá seguir Humala Tasso. El ex mandatario tendrá que concurrir cada treinta días ante la autoridad judicial a justificar sus actividades y deberá firmar un registro procesal. Asimismo, se presentará ante el juez y el fiscal las veces que sea requerido, no podrá variar de domicilio ni salir del país sin previo aviso y está obligado a pagar una caución de S/50.000 en el plazo de treinta días hábiles. Esto último, según precisó el juez, “bajo expreso apercibimiento de revocarse la medida en caso de incumplimiento de las reglas de conducta y previo requerimiento fiscal”.
Durante su fundamentación, el juez anotó que no se exige certeza sobre la ocurrencia del hecho, sino que basta “un alto grado de probabilidad de que exista vinculación al delito que se le imputa a Ollanta Humala”. La fiscalía se mostró conforme, mientras que el abogado de Humala, Julio César Espinoza, anunció que apelará la medida.
--¿Qué sigue?--Consultado por El Comercio sobre lo que sigue en el caso, el fiscal Juárez Atoche sostuvo: “Si es que el ministerio Público llega a consolidar su investigación, como lo viene haciendo, lógicamente que pueda haber una acusación y pasaríamos a otra etapa, que es una intermedia donde habrá un control de acusación. Y si ese control de acusación llega a pasar, nos iríamos a juicio oral”.
Acotó que aún está dentro del plazo de 36 meses otorgado por el juez. “Todavía nos queda buen tiempo para hacer las investigaciones, considerando que es una investigación bastante compleja”, refirió.
En ese sentido, precisó que su despacho continuará recabando información y si al final encuentra elementos más que suficientes de los que ya tiene, el Ministerio Público hará una acusación al respecto. “Si no, puede ocurrir lo contrario, solicitar un sobreseimiento (archivo)”, detalló.
--Sospechas sobre el ex presidente--- Los aportes de campaña recibidosPara el juez, hay aportes al nacionalismo que no han sido claramente explicados por Humala: S/1’058.953 en la campaña del 2006 y S/4’213.306 en la del 2011. En esta última, el entonces candidato gastó más de S/ 20 millones.
- El origen de los fondos“Estarían vinculados con dinero proveniente de Venezuela y de Brasil”, dijo el juez. La tesis fiscal señala que se trata de dinero ilícito en ambos casos.
Para Juárez Atoche, parte del dinero del 2006 habría sido extraído ilegalmente del tesoro público de Venezuela y remitido por el entonces presidente Hugo Chávez a través de las empresas Kaysamac, Veneval y con encomendados de confianza designados por Chávez “a fin de que traigan dinero en efectivo de manera subrepticia”.
En tanto, para la campaña del 2011, la fiscalía sostuvo que hay indicios de que hubo montos enviados por empresas brasileñas, que serían “producto de actos de corrupción en Brasil y Perú”.
- El manejo del dineroEl ex presidente Ollanta Humala intervino en la recepción del dinero, así como en la colocación del mismo en sus campañas presidenciales, según señaló el juez.
La fiscalía sostuvo que en el 2006, parte del dinero de la campaña sería ilícito, por lo que se le habría dado una apariencia de legalidad consignando aportantes falsos. Para el caso de la campaña 2011, el fiscal citó nombres de personas que figuraban como aportantes, pero que negaron en su declaración haber entregado dinero. Otros reconocen haber aportado, pero no en la cantidad que se consignó ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
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