Fiscales supremos y otros representantes del Ministerio Público rechazan tres propuestas del Congreso

La Junta de Fiscales Supremos, los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y Provinciales del Perú rechazaron tres propuestas del Congreso de la República por considerar que afectan la autonomía e independencia institucional del Ministerio Público.

A través de un pronunciamiento, cuestionaron el proyecto de ley presentado por cinco bancadas que declara en reorganización a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y al Ministerio Público, así como la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura y la modificación del Código Procesal Penal para que la Policía Nacional (PNP) investigue el delito y se agilicen los procesos penales.

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Al respecto, señalaron que dichas propuestas legislativas “colisionan contra el orden constitucional, los valores y principios democráticos que sustentan la existencia y funciones asignadas al Ministerio Público”.

Por ello, en sesión plenaria y por unanimidad se acordó “rechazar los referidos predictámenes y proyectos de ley, emitidos por el Congreso de la República, por cuanto quebrantan la autonomía e independencia institucional que le corresponde al Ministerio Público, al pretender recortar sus funciones y atribuciones que le han sido asignadas por mandato constitucional”.

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También rechazaron el proyecto de ley de creación de la Escuela Nacional de la Magistratura “por constituir un retroceso a modelos ya superados de intervención política” en la designación de magistrados que integran los organismos que forman parte de administración de justicia.

Asimismo, exigieron a los miembros del Congreso el “respeto irrestricto” de la Constitución Política, la separación de poderes y la institucionalidad democrática del país.

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También convocó a la ciudadanía y a todas las instituciones democráticas a sumarse a la defensa de la democracia y el estado de derecho, “que se pretende socavar”, de aprobarse dichos proyectos de ley.

Igualmente, exhortaron al Poder Ejecutivo a cumplir su función de control de legalidad y de constitucionalidad de los proyectos que se envíen para su promulgación.

Finalmente, los fiscales se reafirmaron la defensa de la autonomía del Ministerio Público de conformidad con los artículos 158 y 159 de la Constitución Política, “lo que significa actuar con independencia y objetividad”.

“Permaneceremos vigilantes para ejercer una defensa activa frente a cualquier injerencia o amenaza a la institucionalidad democrática”, sentenciaron.