CRISTINA FERNÁNDEZCOLABORADORA
El fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe solicitó al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, en Áncash, prisión preventiva para César Álvarez (ya está detenido por el Caso Nolasco) por los presuntos delito de asociación ilícita para delinquir y peculado por el Caso “La Centralita”.
Añanca también ha pedido lo mismo para los otros seis procesados en ese caso: el ex asesor de imagen de Álvarez, Jorge Luis Burgos Guanilo; el ex trabajador de “La Centralita”, Juan Carlos Barrios Ávalos, y los cuatro periodistas que defendían públicamente al presidente regional de Áncash y atacaban a sus opositores: Rosa Olivares de la Cruz, Sandor Renilla Horna, Nelson Vásquez Baca y Juan Espinoza Linares.
Olivares también es sospechosa de ser testaferro de Álvarez. Mientras que Vásquez y Espinoza ya están detenidos en Lima por el caso del asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco.
En contra de los siete procesados ya pesa, desde el pasado 11 de abril, el impedimento de salida del país por cuatro meses.
El fiscal Añanca, asimismo, ha solicitado al juez ampliar la indagación e incluir a otras 50 personas, para las cuales también pidió detención preventiva. Uno es el empresario Martín Belaunde Lossio, quien fue vocero de Ollanta Humala en las elecciones presidenciales del 2006. Otro es el alcalde provincial del Santa, Luis Arroyo Rojas, brazo derecho de Álvarez, hoy detenido en Lima por el Caso Nolasco.
A Belaunde Lossio se le atribuye haber proporcionado una empresa de fachada (Ilios Producciones) para mantener oculta la labor de edición de información y otras actividades ilícitas que se realizaban en “La Centralita”. También por haber usado el diario “La Primera”, el cual fundó, para atacar a los enemigos de Álvarez.
Otra persona incluida es la esposa de Álvarez, Milagros Asián, y el vicepresidente regional de Áncash, Florencio Román Reyna.
ESTE MIÉRCOLES SE DECIDEEl juez Richard Concepción Carhuancho informó a El Comercio que la audiencia para aprobar o denegar el pedido fiscal se realizará mañana a las 4:30 p.m. en la sede del Poder Judicial de Chimbote.
El magistrado señaló que el pedido fiscal no establece el tiempo de prisión preventiva. “Basándonos en que se trata de una investigación compleja, el fiscal puede pedir hasta 18 meses, aunque eso lo escucharemos en la audiencia”, dijo a este Diario.