Una reciente decisión judicial ha vuelto a dirigir las luces sobre Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori y con mayoría en el Congreso. La semana pasada se conoció que el Poder Judicial ordenó el levantamiento del secreto bancario y de su reserva tributaria en el marco de la investigación en su contra por presunto lavado de activos.
Esta es una pesquisa que ha cuestionado el incremento del patrimonio del ex congresista fujimorista, así como sus actividades empresariales y las de algunos familiares. Pero hoy se ha conocido además que la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos decidió iniciar una investigación preliminar a Keiko Fujimori, en el marco de su inclusión en el caso Ramírez.
—La investigación—La investigación contra Joaquín Ramírez busca aclarar el origen de su patrimonio, que superaría los US$7 millones. Incluye además 30 inmuebles, 34 automóviles y, entre otros bienes, dos departamentos en Miami valorizados aproximadamente en US$2,5 millones.
En la más reciente medida judicial de levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria también se ha incluido al legislador Osías Ramírez, hermano de Joaquín, y dos empresas relacionadas a ambos: Compañía General de Combustible S.A.C. y Compañía General de Combustible a Granel S.A.C. Sin embargo, los ojos de la fiscalía se fijaron inicialmente en diez empresas del clan familiar, que incrementaron llamativamente su capital social con millonarias cifras.
Cabe recordar que Ramírez también fue presidente de los clubes de fútbol Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) y Carlos A. Mannucci de Trujillo.
—El origen de la investigación—En setiembre del 2014, la Procuraduría de Lavado de Activos pidió al Ministerio Público que inicie una indagación preliminar contra Joaquín Ramírez, entonces secretario general de Fuerza Popular, por el presunto delito de lavado de activos. La procuradora Julia Príncipe consideró necesario esclarecer las “operaciones económicas que consideramos inusuales respecto a actividades comerciales y adquisiciones de inmuebles” que hizo el empresario y ex legislador fujimorista.
Dos años después, en setiembre del 2016, la fiscal adjunta de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, Sara Vidal Vargas, incluyó a Ramírez en la investigación que se le sigue a empresas del Grupo Ramírez, corporación familiar, por presunto lavado de activos.
Previamente, en marzo de ese año, el Ministerio Público ya había iniciado una investigación preliminar a la esposa de Ramírez, Rosa Castañeda; a hija Maribel Ramírez; su tío Fidel Ramírez y a su hermano, el actual legislador fujimorista Osías Ramírez. Al ex secretario general del fujimorismo no se le había incluido porque por entonces tenía la inmunidad parlamentaria.
—La posición del fujimorismo—En setiembre pasado, tras conocerse que Ramírez había sido incluido en una investigación a varios miembros de su familia por lavado de activos, el vocero de la bancada, Luis Galarreta, aseguró: “No blindaremos a nadie”.
En tanto, el legislador Héctor Becerril dijo respaldar la decisión del Poder Judicial de levantar el secreto bancario y la reserva tributaria a Ramírez. “Acá el imperio de la ley en el Perú tiene que prevalecer. Si, finalmente, un juez o fiscal toma una decisión, esas decisiones tienen que acatarse así de claro”, manifestó ayer.
—La DEA y los ‘Chlimperaudios’—En abril del 2016, en plena campaña por la segunda vuelta, un informe periodístico lo involucró en una investigación la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, señalándose además que la existencia de un audio donde supuestamente él se ufanaba de haber lavado US$15 millones de la ex candidata Keiko Fujimori en la campaña del 2011.
La investigación se basó también en el testimonio de Jesús Vásquez, un piloto comercial peruano que radica en el país norteamericano. Tanto el ex legislador como la lideresa partidaria negaron esa imputación. Luego, la DEA aclaró que Fujimori nunca fue investigada.
Sin embargo, el programa “Las cosas como son” de Panamericana TV difundió el 22 de mayo un audio editado en el que el colaborador de la DEA Jesús Vásquez supuestamente confesaba haber mentido sobre Ramírez.
Finalmente, se supo que ese audio había sido entregado a la citada televisora por José Chlimper, aunque él negó haber estado involucrado en la manipulación de audio. Además, en junio del año pasado, la fiscal Elizabeth Figueroa, de la Fiscalía Provincial Penal 41 de Lima, inició una investigación preliminar para los que resulten responsables de haber manipulado la referida grabación.
—Su peso en el fujimorismo—El 27 de abril del 2014, Joaquín Ramírez fue nombrado en un alto cargo partidario. Nada menos y nada más que secretario general de Fuerza Popular.
En ese cargo estuvo hasta mayo del 2016. Se alejó en medio de los cuestionamientos en su contra por presunto lavado de activos y lo reemplazó José Chlimper.
Pero la presencia de Ramírez en el partido no se limitó a simples respaldos en discursos políticos. Un inmueble a nombre de Lima Ingeniería y Construcción S.A.C. -empresa regentada por Ramírez- en el jirón El Bucaré, urbanización Camacho, en el distrito de La Molina, funcionó como local de Fuerza Popular.
Asimismo, esa empresa figura como aportante con S/ 151.600 en la campaña de Ramírez en el 2011 mediante dos partes: S/ 150.000 y S/ 1.600. Pero considerando la contienda del 2016, el monto sobrepasaría los S/. 300.000, según constató en su momento “Ojo Público”.
—La inclusión de Keiko Fujimori—Lo último del caso da cuenta de que la fiscal Sara Vidal, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos, incluyó a Keiko Fujimori en la pesquisa, pasando a hora a la condición de investigada por el presunto delito de lavado de activos.
Uno de los sustentos de la resolución señala que la ex candidata presidencial habría entregado US$15 millones a Ramírez en el 2011 con la finalidad de “lavarlos” para la campaña presidencial de ese año. Ese monto habría sido “blanqueado” por medio de la cadena de grifos de Osías Ramírez, actual congresista fujimorista y hermano de Joaquín Ramírez.
Otro de los sustentos indica que Joaquín Ramírez tuvo una “sospechosa” adquisición de dos inmuebles por más de US$2 millones, propiedades utilizadas por Keiko Fujimori como local de campaña y para el funcionamiento de su ONG Oportunidades.
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Fiscalía incluye a Keiko Fujimori en investigación por lavado a Joaquín Ramírez ► https://t.co/qM0xagJMN0 pic.twitter.com/H6smhHzqS6— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 21 de febrero de 2017