Unidad de Investigación
La fiscal anticorrupción Bonnie Bautista ha apelado la decisión de la jueza July Baldeón, quien el miércoles declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra 20 personas –entre ellas funcionarios y dirigentes de Perú Libre (PL)– que fueron detenidas por el caso de la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro.
Esta impugnación deberá ser resuelta en los próximos días por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Junín, que está integrada por los jueces superiores Liliam Tambini Vivas, Walter Chipana Guillén y Julio César Lagones Espinoza.
Tambini integró la sala que en el 2019 se pronunció a favor de reducir la condena contra el exgobernador regional Vladimir Cerrón por el delito de negociación incompatible. La magistrada conformaba una sala de apelaciones junto a los jueces superiores Marco Antonio Hancco Paredes y Carlos Carvo Castro.
Tanto Tambini como Hancco decidieron que la condena a Cerrón pasara a cuatro años de prisión suspendida. Ello permitió que dejara la cárcel. Carvo, en un voto singular, fue más allá: dijo que Cerrón debía ser absuelto por falta de pruebas.
Un mes antes de esta decisión, Carvo –el mismo que pidió la absolución– había pedido ser apartado. “En diferentes oportunidades he compartido encuentros, por lo que afirmo tener amistad con el encausado”, dijo en su pedido de inhibición.
Pero Hancco Paredes y Tambini Vivas, junto al juez superior Atilio Quispe Cama, decidieron denegarle el pedido. Así pudo revisar la sentencia y pedir la absolución de Cerrón.
Actualmente, en la CSJ de Junín existen tres colegiados: dos salas penales de apelaciones y una especializada en casos de corrupción. Si bien las conformaciones de las salas han variado a través de los años, los magistrados que se han pronunciado a favor de Cerrón siguen integrando esos tribunales.
—El juez y su hija—
Según las resoluciones judiciales que ha revisado El Comercio, otro magistrado que emitió un fallo favorable a Cerrón ha sido Mario Gonzales Solís, cuya hija coincidentemente fue contratada por el Gobierno Regional de Junín (GRJ) en el 2019.
En el 2012, el exgobernador regional interpuso una querella por difamación contra Héctor Mayhuire y Edvan Ríos, periodistas del diario “Correo” de Huancayo. La sala de apelaciones, encabezada en ese entonces por Carvo Castro e integrada por Gonzales Solís y Sócrates Zevallos (quien falleció este año), confirmó la sentencia a favor de condenar a Ríos; a Mayhuire lo absolvió.
Gonzales Solís tiene cuatro hijos y tres son abogados. Karina Gonzales Apaza es la menor y tuvo un contrato por S/6.000 en el 2019 con la Red de Salud del Valle del Mantaro, entidad que depende del GRJ, durante la segunda gestión de Cerrón.
Actualmente, es el presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo. Su hijo Waldo Gonzales Apaza es juez superior en Huancavelica y también preside el órgano electoral en dicha región. La esposa de este último, Rocío Mayta Delzo, es fiscal adjunta superior y es el segundo miembro del JEE en Huánuco.
—Otra decisión—
Hace poco, la fiscal Bautista tuvo que dejar en el limbo una segunda investigación tan grande como la de Los Dinámicos del Centro y que también involucra a funcionarios de la región Junín con presuntos actos de corrupción. Esta nueva carpeta ha quedado paralizada luego de que un tribunal rechazara el pedido de recusación contra el juez Ever Bello Merlo, titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria.
Bautista había pedido que el juez Bello se apartara de este nuevo megacaso de corrupción que también está relacionado con Cerrón. Sin embargo, el juez superior Miguel Arias Alfaro, junto a –una vez más–Hancco Paredes y Quispe Cama , consideraron que los argumentos fiscales eran insuficientes y ratificaron a Bello.
Como ha revelado El Comercio, Bello fue asesor de Cerrón y fue registrado en una reunión con la cúpula dirigencial de PL. Tras el pedido fiscal para que se apartara, el magistrado se allanó. Pero el juez Hancco Paredes –el ponente del tribunal– no consideró lo señalado por Bautista respecto a la falta de imparcialidad para estar a cargo del control de la investigación.
Para el exprocurador anticorrupción Iván Meini, es preocupante lo que sucede en la CSJ de Junín. “Existe el conflicto de interés y esos magistrados no debieron formar parte de la Sala de Apelaciones. Es algo que preocupa y que suscita dudas. Pero la única manera de despejar esas dudas ante un presunto favorecimiento indebido [a Cerrón] es revisar las resoluciones emitidas”, precisó.
Señaló que las resoluciones emitidas pueden ser anuladas en caso se compruebe que hubo dolo. “Si se demuestra que hubo una cosa juzgada fraudulenta, la ley prevé que esa sentencia, por más que tenga cosa juzgada, puede ser nula”.
Descargos
Este Diario buscó a los jueces mencionados a través de la Oficina de prensa de la CSJ de Junín, los magistrados decidieron no responder al llamado.
Hasta el cierre de edición, el juez Carlos Carvo no respondió el mensaje de WahtsApp enviado. De otro lado, el juez Gonzales Solís, respondió. “He podido intervenir, pero no tengo una memoria tan prodigiosa para acordarme de todos los procesos. Tienen que remitirse a las pruebas y a los hechos objetivamente. No tengo nada que temer, he actuado como debe ser. ¿Mi hija como ciudadana no puede trabajar para el Estado?”, dijo. Finalmente, el juez Cristobal Rodríguez dijo: “No recuerdo, de ese caso”.