En menos de veinticuatro horas, en el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima han ocurrido ciertos actos que bien podrían calificarse como incongruentes.
El viernes 31, en una resolución ingresada al sistema del Poder Judicial en horas de la noche, el juez Juan Macedo Cuenca, titular del referido despacho, aceptó admitir a trámite la demanda interpuesta por periodistas que pretenden anular la asociación del grupo El Comercio y Epensa, la cual había sido admitida de manera irregular el pasado 27 de diciembre.
La acción tomada por el magistrado Macedo llama la atención si se compara con lo ocurrido un día antes. El jueves 30, fue el mismo juez Macedo quien decide declarar nulo el pedido de los demandantes tras comprobar que la resolución no llevaba la firma del auxiliar jurisdiccional Iván Acuña, tal y como exige el Código Procesal Civil en su Artículo 122. Sin embargo, el viernes 31, es decir un día después, el mismo magistrado dio marcha atrás.
¿Cómo es que el juez Macedo pudo cambiar de parecer en 24 horas ante una demanda que tuvo en su despacho cerca de un mes? ¿Hubo presiones?
Veamos. El juez Juan Macedo Cuenca regresó recién a sus funciones judiciales el jueves 2 de enero, día no laborable para el Poder Judicial, luego de dos meses. En su lugar había sido designada la magistrada Lizy Béjar Monge, quien lo reemplazaría en el juzgado hasta el 27 de diciembre.
Fue en ese contexto que el 18 de noviembre pasado se presentó la demanda contra la asociación del grupo El Comercio y Epensa. Casi un mes y medio después, la jueza Béjar Monge todavía no daba una respuesta al respecto. Es decir, no se sabía si la demanda era aceptada o rechazada. Sin embargo, según indagaciones de la Unidad de Informática de la OCMA, el pronunciamiento ocurre recién el 2 de enero. Ese día se elaboró un documento que admitió la referida acción legal, cuando Lizy Béjar ya no era magistrada de ese despacho.
De acuerdo con los peritos de la OCMA, Béjar asistió en la mañana al Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, pese a que ya no le correspondía hacerlo, y escribió la resolución de admisión a trámite de la demanda. La fecha, como es evidente, fue modificada como si se hubiese realizado el 27 de diciembre. Después fue subida a la web del Poder Judicial. El documento no llevó la firma del auxiliar jurisdiccional Iván Acuña, tal y como exige la ley. Por el contrario, fue suscrita por Miguel Loloy Príncipe, quien había renunciado al Poder Judicial en setiembre del 2013, es decir tres meses ante de emitirse la resolución.
Según la resolución N° 3 del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, la razón por la que el secretario Acuña no firmó el documento fue porque no estaba seguro de “que la resolución hubiese sido dictada la fecha” indicada. “No puede dar fe del acto en cuanto a la fecha se refiere”, señala la resolución del 30 de enero.
Ese mismo día, después de participar en la inauguración del año judicial, el presidente Ollanta Humala criticó la asociación de El Comercio y Epensa.
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En la foto, los jueces Juan Macedo Cuenca y Lizy Béjar Monge.
Ya en su despacho, el juez Macedo constató que la resolución expedida por la magistrada Béjar no llevaba la firma del secretario Acuña. Acto seguido, le ordenó a este último que elaborara un informe sobre lo ocurrido. A raíz de ello, el 30 de enero pasado, el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima declaró nulo el documento de la doctora Béjar. Sin embargo, al día siguiente y en horas de la noche , el juez Macedo deja a un lado lo que ya había decidido y admite a trámite la referida demanda.
Al respecto, el constitucionalista Aníbal Quiroga indicó que la resolución del magistrado Macedo es “incongruente”. “Por un lado anula la resolución de la jueza Béjar, pero al mismo tiempo dispone la admisión. Y al disponer la admisión prejuzga sobre el tema de fondo”, dijo.
“Lo más peligroso que ha dicho [el juez Macedo] es que va revisar si un contrato es o no constitucional, lo cual no está previsto en la Constitución ni en el Código Procesal Constitucional, ni en el Código Civil”, acotó.
En ese sentido, el letrado consideró que la OCMA debe investigar de inmediato este caso.
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