La Procuraduría General del Estado (PGE) planteó que la excongresista Luciana León, investigada por el caso “Los intocables ediles”, pague una reparación civil al Estado ascendiente a S/ 1.8 millones. Ello como parte de su pedido al Poder Judicial para incorporase como actor civil a su proceso penal.
A la exparlamentaria del Partido Aprista se le investiga por presuntamente pertenecer a dicha organización criminal del distrito de La Victoria. El Ministerio Público le imputacinco hechos.
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Uno de ellos es presuntamente haber gestionado ante funcionarios de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el financiamiento de obras públicas de la Municipalidad de La Victoria, entre los años 2017 y 2018.
Según la tesis de la investigación, dichas obras luego eran adjudicadas para su ejecución a empresas y consorcios vinculados con Alexander Peña Quispe, presunto financista de la organización criminal. Por ello, la procuraduría pide que la exintegrante del partido de la estrella pague S/ 700 mil de reparación civil.
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Otro hecho que se le atribuye a León Romero son los actos de intermediación para viabilizar la implementación de una fábrica de ladrillos a través de funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a fin de favorecer a Juan Peña Quispe, hermano de Alexander. Aquí el monto fijado es de S/ 200 mil.
El tercer hecho que se imputa a la exlegisladora es haber gestionado a través de Betsy Cecil Matos Franco, asesora principal del Congreso, una reunión en junio de 2017 entre Alexander Peña Quispe y funcionarios del Cuartel General del Ejército, para presuntamente coordinar negocios ilícitos. Al igual que el caso anterior, el monto solicitado por la PGE es de S/ 200 mil.
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Del mismo modo, se sindica a Luciana León de haber recibido sumas de dinero por parte de Peña Quispe a cambio de gestiones que se habrían dado desde marzo del 2017 hasta mayo del 2018. En este punto la cantidad solicitada por daño extrapatrimonial es de S/ 350 mil.
Finalmente, se le atribuye a la haber contratado personal de confianza, el cual no habría prestado servicio al Congreso de la República. Pese a ello, sus remuneraciones habrían sido entregadas a León Romero en 50 sobres. Por ello se solicita S/ 350 mil de reparación civil.
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Los implicados en este último hecho son Albert Carranza Mosqueira, María Ángela Ayala Díaz, Ricardo Miguel Zeta Silva, Hernán Jesús Morón Peña, Edward Esteban Paz Arista, Roberto Cabrera del Castillo, Jessica Teresa Mayer Vásquez e Ydo Johnny Vásquez Peña.
Cabe indicar que por este caso, en julio pasado el Poder Judicial aprobó la formalización de investigación preparatoria contra Luciana León por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y peculado doloso.
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El pasado 16 de junio, el pleno del Congreso aprobó con más de 70 votos acusar constitucionalmente a la excongresista por dichos delitos. Sin embargo, León Romero negó haber cometido algún acto ilícito o haber recibido algún pago por estas supuestas gestiones.
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