Tal como lo había adelantado, el presidente Martín Vizcarra envió este lunes un oficio a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pidiéndole “definir” cuál será la fiscalía especializada que “estará a cargo de las investigaciones” sobre los caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, en los que él está implicado.
Vizcarra había sido citado para este martes por el fiscal Germán Juárez, miembro del equipo especial Lava Jato, para que declare por los pesquisas en su contra por presuntas coimas cuando era gobernador de Moquegua. Esto luego de iniciar una investigación preliminar en su contra por presuntamente haber cometido los delitos de cohecho, colusión en agravio del Estado y asociación ilícita para delinquir.
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Mientras que el fiscal Elmer Chirre, del Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, lleva adelante una investigación, pero “contra los que resulten responsables” por el caso Lomas de Ilo. No investiga al jefe de Estado.
Sin embargo, en su carta, con el membrete de Presidencia de la República, Vizcarra le pide a la fiscal de la Nación que defina cuál será la fiscalía especializada que estará a cargo de las investigaciones por los presuntos actos de corrupción relacionados a los proyectos Lomas de Ilo y al Hospital de Moquegua.
En víspera de la citación de Juárez, el presidente señala, incluso, en su carta que la información solicitada le resulta “necesaria antes que defina las siguientes acciones” ante “cualquier diligencia” de las mencionadas fiscalías.
“Como es de público conocimiento, el Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción, a cargo del fiscal Elmer Chirre, ha iniciado investigación preliminar por los hechos suscitados durante el periodo que ostenté el cargo de presidente regional de Moquegua”, indicó.
“Asimismo, en paralelo -añadió Vizcarra- el fiscal provincial Germán Juárez Atoche, de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, ha iniciado una investigación preliminar en mi contra, por los mismos hechos”.
Según el mandatario, esta situación “podría poner en riesgo el adecuado ejercicio de los derechos y garantías que me confiere la Carta Magna, entre ellos el debido proceso, la defensa y el derecho a no ser investigado dos veces por los mismos hechos”.
El viernes cuando el presidente Vizcarra anunció que iba a enviar el oficio a la máxima autoridad del Ministerio Público, fuentes del equipo especial indicaron a El Comercio que sería un “abuso de poder” y estaría incurriendo en obstrucción a la justicia e intimidación al fiscal que lo investiga. Además con ese oficio, el presidente, buscaría direccionar la investigación.
Expresaron que el mandatario tiene derecho a señalar a un abogado y plantear los recursos que considere conveniente, pero no dirigir un oficio a la fiscal de la Nación.
En diálogo con este Diario, el penalista César Azabache señaló que la fiscal de la Nación no está facultada para resolver el conflicto de competencia entre los fiscales Juárez y Chirre.
Según explicó, los fiscales deben recurrir a su superior jerárquico -Omar Tello, en el caso de Chirre; Rafael Vela, en el caso de Juárez- para consultar si tienen competencia en la investigación. En caso la contienda continúe, quien resuelve en última instancia es un fiscal supremo, ya sea Pablo Sánchez o Bersabeth Revilla.
El penalista, además, consideró que el oficio enviado por el mandatario a Ávalos constituye un “comportamiento inapropiado”, pues no debiera utilizar su investidura presidencial para comunicarse con la titular del Ministerio Público respecto de investigaciones en las que forma parte como ciudadano.
“El señor Vizcarra no tiene la competencia para hacer lo que está haciendo, el oficio (enviado a Ávalos) no tiene ningún papel aquí. Desde mi punto de vista, la fiscalía de la Nación debería dirigirle la comunicación a Martín Vizcarra instruyéndole que se dirija a los fiscales que lo han citado”, indicó.
Azabache sostuvo que el tipo de conflicto que actualmente existe entre los despachos de los fiscales Germán Juárez y Elmer Chirre son el resultado de una falta de normas en el Ministerio Público que permitan articular las competencias superpuestas entre despachos.
“El Ministerio Público va a tener que darse cuenta de que necesita una regla que articule las competencias superpuestas. No hay una regla clara de coordinación”, indicó.