Aunque suene paradójico, el otrora todopoderoso abogado Rodolfo Orellana, preso desde hace dos semanas en el penal de Piedras Gordas II, asegura que no tiene nada de dinero para financiar su defensa.
Esta fue la respuesta que le dio a la fiscal Marita Barreto Rivera, a cargo de la investigación en su contra por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita, cuando lo interrogó en el penal de Ancón.
“Él [Orellana] nos dijo que va a ejercer su defensa, pues dice que no cuenta con plata”, indicó la magistrada a El Comercio a su salida de Piedras Gordas II, luego de interpelar al abogado por más de dos horas.
Esta declaración sorprendió a las autoridades presentes, una de ellas la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe, pues Orellana Rengifo es acusado de dirigir una gigantesca red delictiva de estafa y lavado de activos que amasó más de US$100 millones desde que comenzó a operar en el 2002.
De hecho, el Ministerio Público tiene la certeza de que toda la fortuna de esta organización ha sido transferida a diferentes cuentas en el extranjero.
Ese fue el hallazgo de sendos informes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó sobre los integrantes de esta red: altos mandos, cargos medios y presuntos testaferros.
Tras concluir la diligencia, la fiscal Barreto decidió programar un segundo interrogatorio para Orellana, de 50 años, el martes 9 de diciembre.
Cuatro días antes, tomará la declaración de Ludith Orellana, ‘Cruela de Vil’, y presunta número dos de esta mafia.
PUEDE SER INHABILITADOConsultado al respecto, el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Mario Amoretti, recordó que Orellana enfrenta un proceso disciplinario en esa institución que lo podría inhabilitar para ejercer su defensa.
“La Dirección de Ética del CAL abrió una investigación en junio a este señor Orellana”, indicó Amoretti a El Comercio y refirió que este proceso duraría, por lo menos, dos meses y podría concluir en la inhabilitación del abogado Orellana.
Amoretti explicó que, luego de que la Dirección de Ética termine su investigación preliminar, será derivada al Consejo de Ética del CAL, y después al Tribunal de Honor, formado por cinco ex decanos de esta institución, quienes tendrán la última palabra.
“Si el Tribunal de Honor resuelve en contra de Orellana, inmediatamente él queda prohibido de ejercer su defensa”, cuenta Amoretti.
Frente a este escenario, el hoy interno de Piedras Gordas no tendría otra alternativa que aceptar que el Estado le brinde un abogado de oficio.
ESTRATEGIA REPETIDAEn setiembre último, se supo que un abogado de oficio estuvo defendiendo a Orellana de las diversas denuncias que pesaban contra él, pues este último alegaba falta de liquidez.
De inmediato, el Departamento de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia explicó que Orellana “sí tenía un abogado, pero este se retiró del caso, ocasionando una situación de indefensión”.
Por ello, accedieron por un plazo breve a darle este servicio, pese a que no le correspondía. Indicaron que si Orellana requería un abogado de oficio, deberá pagarle al Estado.