Keiko Fujimori, lideresa del partido político Fuerza Popular (FP), es investigada por el presunto delito de lavado de activos por aportes no declarados en sus campañas electorales del 2011 y 2016. También por los supuestos aportes ilegales que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht.
Actualmente, la ex candidata presidencial se encuentra cumpliendo prisión preventiva por 36 meses dictada por el Poder Judicial en primera instancia y ratificada por una sala superior.
-Aportes no declarados-
El 13 de octubre del 2015 la titular de la 26 Fiscalía Provincial Penal de Lima, María del Pilar Peralta Ramírez, abrió una investigación por el presunto delito de lavado de activos contra la entonces lideresa de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, y otras 11 personas.
El caso se abrió tras la denuncia de presuntos aportes no sustentados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El caso estuvo por dos años en el despacho de la magistrada Peralta.
El 8 de marzo del 2016, una nueva investigación se abrió en contra de Keiko Fujimori, por presunto delito de lavado de activos. El caso se inició en la Segunda Fiscalía Especializada en Lavado de Activos tras denuncias periodísticas, entre ellas de El Comercio.
La primera, sobre la compra de dos lotes de terreno industrial por el valor de S/.617, 329.00 ubicados en la zona industrial de Chilca. La segunda, por la venta de tarjetas para “Cócteles” donde se recolectó la suma de S/.710,419.00 en diciembre 2015 y un segundo cóctel realizado en noviembre del 2016, no reportado ante la ONPE.
-Las anotaciones de Odebrecht-
El 23 de junio del 2017 el portal IDL Reporteros reveló un apunte en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht, vinculada a la campaña electoral de Keiko Fujimori con Fuerza 2011. “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”, anotó.
La revelación se dio en el contexto de que Odebrecht reconoció haber pagado USD$29 millones en coimas en diversos gobiernos a cambio de obras públicas. Luego, se conoció que también había entregado aportes a diversos partidos políticos para las campañas electorales.
El 3 de agosto del 2017, en una conferencia de prensa Keiko Fujimori, negó haber recibido dinero de Odebrecht.
El 29 de agosto del 2017, el fiscal Germán Juárez Atoche de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos inició la investigación preliminar contra Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular por el Caso Odebrecht.
Sin embargo, el 4 de setiembre del 2017, el Ministerio Público dispuso que el Caso Odebrecht y Fuerza Popular, pasen a manos del fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez Gómez. También se dispuso que el caso que estaba a cargo de la fiscal María del Pilar Peralta, pase al despacho de Pérez.
El 16 de setiembre del 2017, el Ministerio Público dispone que el fiscal José Domingo Pérez asuma también la investigación contra Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama y Keiko Fujimori por el Caso Cócteles para la campaña presidencial 2016.
El 28 de setiembre del 2017, la Fiscalía dispone adecuar la investigación contra Keiko Fujimori a la Ley de Crimen Organizado, lo que le permitiría prolongar el tiempo de las pesquisas por ser un caso complejo.
El 9 de noviembre del 2017, Marcelo Odebrecht declaró ante el Equipo Especial Lava Jato que entregó aportes ilícitos a las campañas de diversos partidos políticos.
El 7 de noviembre del 2017, el fiscal José Domingo Pérez realizó una diligencia de allanamiento e incautación de documentos en los locales partidarios de Fuerza Popular.
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El 26 de febrero del 2018, la defensa de Keiko Fujimori interpone un recurso de casación ante la Corte Suprema para que las investigaciones preliminares por el caso Cócteles y Fuerza Popular sean concluidas. Meses después, la Corte Suprema rechazaría el pedido.
El 27 de febrero del 2018, Jorge Barata declaró ante el fiscal José Domingo Pérez y ratificó haber entregado aportes a diversos políticos, entre ellos Keiko Fujimori.
-Detención y prisión-
Las delaciones y los documentos que comenzó a entregar la empresa Odebrecht como parte del convenio para el acuerdo de colaboración al que se acogió la empresa, determinaron que el fiscal José Domingo Pérez, solicite la detención preliminar contra Keiko Fujimori.
10 de octubre del 2018, el juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, a pedido de la fiscalía, ordenó la detención preliminar por 10 días de Keiko Fujimori y otras 19 personas vinculadas a Fuerza Popular. Ese día, la ex candidata fue detenida cuando acudía a la fiscalía a rendir una declaración.
17 de octubre del 2018, Keiko Fujimori y las otras 19 personas, entre ellas los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, fueron liberadas por decisión de la Segunda Sala de Apelaciones.
El 21 de octubre del 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho comienza a evaluar el pedido de prisión preventiva por 36 meses que solicitó el fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori, Pier Gigari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y otros.
El 31 de octubre del 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y ordenó su internamiento en un penal por 36 meses.
El 13 de diciembre del 2018, la fiscalía amplió la investigación preparatoria contra Keiko Fujimori por el presunto delito de obstrucción a la justicia. También incorporó en la investigación a los abogados Giulliana Loza (defensora legal de Keiko Fujimori), Arsenio Oré Guardia, Edward García Navarro, Lorena Gamero Calero, Luis Ernesto Lazo Mendoza y Danae Calderón Castro.
El 4 de enero del 2019 la Segunda Sala de Apelaciones Nacional rechazó la apelación de Keiko Fujimori al declararla infundada y ordenó que la lideresa de Fuerza Popular continúe con prisión preventiva.
25 de febrero del 2019, la defensa de Keiko Fujimori, interpone un recurso de casación ante la Corte Suprema. El pedido fue derivado a la Sala Suprema Penal Permanente del Poder Judicial.
El 30 de abril del 2019 esta sala admitió a trámite el recurso de casación interpuesto a favor de la lideresa fujimorista, contra la orden que prisión preventiva en su contra de 36 meses que viene cumpliendo en el penal anexo de Chorrillos.
El 24 de julio del 2019 se llevó a cabo la audiencia en donde las defensas de la lideresa de Keiko Fujimori y el exministro Jaime Yoshiyama expusieron sus argumentos por los que, a su juicio, se deberían de revocar la orden de prisión preventiva dictada en su contra. No se hizo presente ningún representante del Ministerio Público. La sala dará lectura a su resolución el próximo 9 de agosto.