La presunta red criminal en el MTC contó con dos brazos operativos

A poco más de tres meses de haber renunciado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para evitar la censura del Congreso, Juan Silva no solo es investigado por la Fiscalía de la Nación por organización criminal y colusión por el caso Puente Tarata, sino que está impedido de salir del país por los próximos tres años.

La Corte Suprema de Justicia consideró en su resolución- a la que tuvo acceso El Comercio- que esta medida restrictiva en contra del exministro “resulta proporcional para evitar razonablemente el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad”.

En el documento, el juez supremo Juan Carlos Checkley valoró información proporcionada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en el sentido de que la presunta organización criminal instalada en el MTC comenzó a operar a partir de la designación de Silva Villegas en julio del año pasado, en la primera etapa del gobierno de Pedro Castillo.

El Ministerio Público también explicó que la referida red de corrupción contaría con dos brazos operativos: uno de “captación y negociación” y el otro de “ejecución”.

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El primer brazo, por ejemplo, está conformado por el ex secretario general del Despacho Presidencia Bruno Pacheco; el hoy encarcelado empresario Zamir Villaverde; y Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, sobrinos del mandatario, a quienes se sindica como “mandos medios” de la organización.

Este conjunto tenía como como tarea representar los intereses de los empresarios que iban a ser favorecidos con las licitaciones en el MTC, entre ellos algunos de regiones que habían contribuido a la campaña presidencial de Castillo Terrones.

La otra ramificación de la presunta organización criminal- integrada, de acuerdo a la fiscalía, por Alcides Villafuerte, ex gerente en Provías; y Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas, miembros del comité de selección de la licitación del puente Tarata III, entre otros- habría facilitado que se concrete la entrega de obras públicas a empresas, “a cambio de recibir beneficios por parte de los favorecidos”.

El fiscal Sánchez advirtió que Silva tuvo una “función clave”, porque “en contubernio con otro alto funcionario público habría tenido el poder de nombrar servidores que se encuentren acorde a sus intereses”, e “interfieran a favor” de la red de corrupción, como habría sucedido con Villafuerte, Valdivia y Vargas.

Además, el Ministerio Público postula que en la licitación del puente Tarata “existieron irregularidades”, porque el comité especial, integrado por Valdivia y Vargas, postergó la fecha de presentación de ofertas “sin fundamentarlo debidamente” en un presunto favorecimiento a favor del Consorcio Puente Tarata III.

“Como se indicó en líneas anteriores, el ex ministro Juan Silva designó a los miembros del Comité Especial, quienes a cambio de beneficios ilícitos actuaron a favor de los intereses del Consorcio”, subraya la institución.

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En comunicación con El Comercio, Alfredo Yalán, abogado de Silva, negó que su cliente haya formado parte de una red criminal. “Por eso nos hemos allanado al pedido del Ministerio Público [sobre el impedimento de salida del país”.

Yalán señaló que el exministro se encuentra en Lima. “Él no se va a fugar, no va a realizar ninguna acción para eludir a la justicia”, acotó.

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Villafuerte- de acuerdo a la transcripción de un audio a la que accedió este Diario- habría entregado un soborno de S/100.000 al extitular del MTC de parte de Tableros y Puentes S.A. (Tapusa), una de las empresas que, en consorcio, ganó la licitación para construir el puente Tarata por S/232 millones.