El presidente de la República, Martín Vizcarra, le solicitó de manera formal al titular del Congreso, Manuel Merino de Lama (Acción Popular), que el debate y la votación de la nueva moción de vacancia en su contra se realicé el viernes 6 de noviembre, y no el lunes 9, como había acordado el pleno después de admitir a trámite el pedido de destitución.
Vizcarra, a través de una carta, afirmó que es necesario que se le brinde al país “una decisión definitiva” sobre las autoridades que estarán hasta el 28 de julio de 2021, cuando se “producirá la transición democrática del poder producto de las elecciones del 11 de abril próximo”. Agregó que no se debe “sumir” al Perú en una situación de inestabilidad “por un mayor período”.
El jefe de Estado también subrayó que “el tener permanentemente vacancias presidenciales en trámite no contribuye con la estabilidad política y económica del país”.
Consideró que los continuos procesos de destitución iniciados por el Parlamento en los dos últimos meses tienen “la potencialidad de afectar” las inversiones y el desarrollo del Perú y que no colaborara al rol que debe asumir su gobierno “en la comunidad internacional” y en la relación con diferentes estados.
Por ello, sostuvo que es importante que esta situación “obtenga una respuesta final” de parte del Congreso “en el menor plazo para evitar prolongar los efectos perniciosos antes señalados”.
La carta no solo está firmada por Vizcarra Cornejo, sino también por el jefe del Gabinete Ministerial, Walter Martos.
Rechazan que se adelante sesión
Los representantes de las bancadas de Acción Popular, APP, Fuerza Popular y UPP se pronunciaron ayer en contra de adelantar para el jueves o viernes la sesión en la que se debata y vote la solicitud de vacancia contra Vizcarra, como lo pidió de manera verbal el mandatario para evitar la incertidumbre en el país.
Burga, portavoz de Acción Popular, dijo que ya no es posible cambiar la fecha, fijada para el lunes 9 de noviembre, porque esta se fijó tras una votación del pleno.
“El señor Vizcarra tuvo la oportunidad de presentarse al Congreso de mutuo propio, a la primera denuncia o insinuación de soborno, pero él ha preferido ir a los canales de televisión, donde inclusive le faltaron el respeto a la investidura presidencial. Y hoy, por desesperación, quiere cambiar la fecha”, manifestó en comunicación con El Comercio.
Columbus explicó que el adelanto de la sesión no depende de Merino ni de los portavoces, sino del pleno.
Añadió que es posible que el jefe de Estado tenga temor de que el fin de semana vaya a salir en los medios de comunicación nuevas denuncias en su contra.
Omonte consideró que, tras el acuerdo del pleno del Parlamento, los plazos deben ser respetados.
Y el vocero de UPP, José Vega, principal promotor del nuevo pedido de vacancia, señaló que la fecha no debe ser cambiada y apuntó sus críticas al primer ministro, Walter Martos, quien llamó en la víspera al presidente del Congreso, Manuel Merino, para solicitarle adelantar el debate y votación de la moción de destitución.
“Ese ministro lo único que hace es amenazar a la democracia”, al recordar que Martos mencionó que “no se va a permitir que se rompa el Estado de derecho” luego de hacer referencia a que las Fuerzas Armadas “están para hacer respetar la Constitución”.
Más información
El jefe de Estado, Martín Vizcarra, ha sido sindicado por cuatro aspirantes a colaboradores eficaces de haber recibido sobornos por S/2′300.000 relacionados a las obras Lomas de Ilo y del hospital regional de Moquegua, cuando fue gobernador en la referida localidad sureña.
Hasta el martes último, 42 parlamentarios votarían en contra o en abstención. Los 21 integrantes de APP, los nueve parlamentarios del Partido Morado, cinco de Somos Perú, tres de Acción Popular, dos de Frente Amplio, uno de Podemos Perú y un no agrupado. Con ello, el mandatario solo necesita dos adhesiones para superar el nuevo proceso de destitución en su contra.
El Parlamento solo puede declarar la vacancia de la Presidencia de la República con una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de los integrantes del Congreso (87).
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