En Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP) no han caído nada bien las declaraciones del presidente Martín Vizcarra respecto de un presunto pedido de miembros de ambos partidos para postergar las elecciones generales convocadas para el 11 de abril del 2021. Incluso, desde la primera agrupación, se ha acusado una “ruptura de la neutralidad” electoral que debe mantener el mandatario.
“Hubo un pedido de un miembro de Acción Popular y de APP. Pero en el mejor de los términos, muy amables. Y en estas conversaciones simplemente fue un análisis de diferentes perspectivas, dado que esa conversación se dio en medio de la pandemia, no ahora, cuando las cifras subían, subían y subían”, sostuvo Vizcarra este lunes en entrevista con Radio Santa Rosa.
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Las expresiones de Vizcarra se refieren a las dos principales fuerzas políticas del Congreso, que además se encuentran en procesos internos como parte de la convocatoria a elecciones realizada por el mandatario en julio pasado.
La normativa
La Ley Orgánica de Elecciones (LOE) señala precisamente que el proceso electoral se inicia con la convocatoria a elecciones por el presidente de la República. Asimismo, el artículo 346 de dicha norma contempla prohibiciones para autoridades políticas o públicas, como “practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinado partido o candidato”.
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Dicha disposición también está incluida en el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, publicado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 11 de setiembre. Esta norma, además, indica en su artículo 33 el tratamiento de infracciones cometidas por funcionarios que no son candidatos.
Análisis
Para el especialista en derecho electoral, José Manuel Villalobos, si bien el artículo 346 de la LOE “es muy amplio” en su interpretación, la declaración del presidente Vizcarra “genera una reputación negativa con los electores”.
Por tanto, refiere a El Comercio: “Sí podría haber una vulneración al artículo 346 de la LOE, en tanto esa declaración tiene una connotación negativa y que daña la reputación de un partido que ya está en período electoral”.
En esa línea, considera que si es que no hay una denuncia de parte, el JNE, a través de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE), podría iniciar el análisis de lo mencionado por Vizcarra y emitir un informe respecto a si hay vulneración o no al principio de neutralidad. Para esto, acotó, se tendría que determinar que las declaraciones de mandatario se vinculan al proceso electoral.
Una postura discrepante tuvo el también especialista en derecho electoral, José Tello. A su juicio, el mandatario ha dado una “opinión política” ante una consulta basada en su libertad de expresión y “no está mellando a los partidos porque hace una mención de un hecho que ha pasado”.
“Es un hecho que está dando a conocimiento de la opinión pública. El cuestionamiento puede ser por qué no lo dijo antes, pero esa es otra historia”, sostiene.
En lo que Villalobos y Tello coinciden es que es probable que se inicie un proceso en el JNE, pero a lo máximo que podría llegar es a una exhortación, pero no a una sanción o acusación, debido a la inmunidad de la que goza el mandatario, según la Constitución.
El citado reglamento precisa que en caso no estén instalados los jurados electorales especiales, como es el caso, la competencia en materia de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en período electoral es de la Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI).
“El JNE ya debería de haber actuado de oficio, haber dispuesto que el área de fiscalización analice si esas declaraciones del presidente infringen el principio de neutralidad y, a partir de ahí, se abre procedimiento y se hace la recomendación para que el pleno exhorte al presidente Vizcarra en lo sucesivo observar en sus actuaciones este principio”, indica Villalobos.
Tello precisa que, de haber algún procedimiento, este debe incluir los descargos del jefe de Estado. “Lo más probable es que la autoridad electoral sí tome cartas en el asunto. Pero dada la investidura del presidente de la República esto no termine avanzando y quede ahí, porque no se pueden tomar acciones penales”, explica, e insiste en que no ve expresiones peyorativas en Vizcarra respecto de Acción Popular y APP.
Posturas desde los partidos
El vocero titular de Acción Popular, Otto Guibovich, instó a Vizcarra a revelar los nombres de las personas a las que se refiere y “dejar de manchar a los partidos políticos”. “Yo como vocero descarto que desde la bancada haya habido una insinuación de ese tipo. Acabo de hablar con el presidente del Comité Político del partido y me dice que va a negar esto porque no es cierto”, dice a El Comercio en alusión a Mesías Guevara, actual gobernador regional de Cajamarca y dirigente de la organización política.
Un comunicado de la bancada, además, acusa “la ruptura de la neutralidad en las elecciones 2021” y demanda al presidente estar apartado del proceso electoral y “ser ejemplo de imparcialidad”.
Al respecto, Ricardo Burga, vocero alterno de Acción Popular, indica a este Diario que la bancada se reunirá la noche de este lunes y él planteará que se presente una denuncia ante el JNE, y que además el primer ministro Walter Martos acuda al Parlamento —en una modalidad aún por evaluar— para que dé explicaciones sobre lo mencionado por Vizcarra.
“Perjudica a un partido político en el proceso electoral. Nos está exponiendo a la opinión pública como si fuéramos un partido golpista”, manifiesta Burga. “Las elecciones ya están convocadas y nadie las puede cambiar, así caiga el señor Vizcarra”, añade.
Por su parte, el legislador y secretario ejecutivo nacional de APP, Luis Valdez, expresa que Vizcarra “no puede ocultarse en el irresponsable anonimato de ocultar el supuesto nombre de la persona, porque no es más que una ratificación de su mentiras y cobardía con la que actúa”.
“Alertamos a los demócratas de todo el país contra la maniobra antidemocrática que pretende llevar a cabo un presidente que tiene que responder ante la justicia por múltiples casos penales, incluidas ya imputaciones específicas de sobornos, corroboradas por diferentes colaboradores eficaces de la justicia”, exclama también en diálogo con este Diario.
A su turno, en declaraciones a la prensa, el vocero de APP, Fernando Meléndez, ratificó que su partido no ha hecho una solicitud como la señalada por Vizcarra: “Las dos conversaciones que hemos tenido con el presidente Vizcarra han sido después de haber ganado las elecciones [parlamentarias del 2020], donde el presidente [del partido] César Acuña y los 22 congresistas acudimos a Palacio. La segunda ha sido después del proceso de vacancia, cuando acudimos el presidente [del partido] César Acuña, mi persona, Luis Valdez y Carmen Omonte. Y en ningún momento en estas dos reuniones hemos hablado ni insinuado postergar las elecciones”.
Los representantes de ambos partidos, además, atribuyen las expresiones de Martín Vizcarra a un intento por desviar las miradas respecto de los testimonios de colaboradores eficaces, revelados por El Comercio, que dan cuenta de que el hoy mandatario recibió pagos ilícitos cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014) a cambio de favorecimientos con la buena pro de distintas obras.
Burga habló de postergación en abril
En abril del 2020, Ricardo Burga reconoció a El Comercio que dentro de AP se discutían propuestas “informales” respecto de postergar las elecciones. Planteó incluso “juntar en el 2022 los comicios presidenciales y congresales”.
“Que el mandato constitucional [del presidente Vizcarra] termine realmente y asuma, de repente, el presidente del Congreso [Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes)] de manera transitoria y sea él quien convoque elecciones generales”, también sugirió.
Luego, en entrevista con este Diario, precisó que habló “en una forma hipotética”, aunque reiteró su postura y explicó que se debía a la continuidad de la pandemia del coronavirus. “Lo que creo es que es responsable comenzar a tocar este tema, no con el afán de que se posterguen las elecciones, sino para revisar las alternativas en caso suceda esto”, explicó.
Finalmente, esos planteamientos no llegaron a concretarse. El Congreso aprobó dos leyes claves con miras al proceso electoral: una declaró la inaplicabilidad de las elecciones primarias y otra estableció normas transitorias para los comicios.
Este lunes, consultado al respecto por este Diario, recordó lo mencionado en abril, pero aseveró que fue una posición personal y no de bancada ni de partido. “Lo mencioné porque estábamos en un pico de la pandemia. Dije que hay que empezar a evaluar una posibilidad en caso esto siga, para ver qué alternativas hay [...] Vizcarra ha dicho que a él lo buscaron y hablaron con él amablemente. Yo no puedo haber sido, yo lo declaré, no hablé con él”, acotó y negó haber buscado al mandatario para hacerle el planteamiento.
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ACLARACIONESEste informe fue actualizado con las declaraciones que el congresista Ricardo Burga brindó en abril sobre las elecciones y sus comentarios de hoy al respecto.