El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de un presupuesto adicional de S/ 6’746.610 para la Contraloría General de la República. Ello a través del Decreto Supremo N° 182-2017-EF, que lleva la firma del renunciante ministro Alfredo Thorne y del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).La entrega de este presupuesto adicional fue parte de la conversación que sostuvieron Thorne y el contralor Edgar Alarcón en la sede del MEF el pasado 17 de mayo, y que fue grabada por una persona desconocida hasta el momento.
Como se recuerda, Alarcón aseguró haberse sentido presionado ese día para emitir un informe favorable a la adenda al contrato -ya dejado sin efecto- del aeropuerto de Chinchero (Cusco). Thorne rechazó esto y además negó haber condicionado tales fondos. En el diálogo, Alarcón señaló que requería un presupuesto adicional de S/ 13’300.000 y advirtió que “ya van dos meses del pedido”. Esa partida extra fue solicitada ante la demanda del Ejecutivo para que la contraloría fiscalice diversas obras y proyectos de inversión de interés nacional, como las diversas obras para la reconstrucción.Thorne respondió que la transferencia ya estaba firmada por él, pero faltaba “convencer” al jefe de Estado. “La mitad es lo que ya hemos firmado, entonces solo falta la firma del presidente, pero el presidente me ha pedido, habla tú con el contralor y explícale un poco en qué estamos, que el contralor nos ayude en los casos en que estamos involucrados, que nos ayude a dar un empujón, él quiere que haya un ejemplo, no quiere un proyecto específico, quiere que se muestre de que hay un compromiso de este Gobierno por promover la inversión”, se le escuchó decir en el audio.
—Destino del presupuesto adicional—De acuerdo al Decreto Supremo, el presupuesto adicional deberá ser destinado a financiar los gastos relacionados a la contratación de 75 auditores ingenieros bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios (CAS), en el marco del ejercicio de control preventivo de verificación y supervisión de los proyectos de inversión pública del Estado.“Los recursos de la transferencia de partidas a que hace referencia el artículo 1 del presente Decreto Supremo [que da cuenta del monto] no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos”, destaca la norma.
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