Ministro de Justicia ante demanda de Víctor Polay Campos: “Tenemos que defender al Estado peruano”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, dijo que el Gobierno defenderá los intereses del Estado ante la demanda presentada por el terrorista Víctor Polay Campos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Nuestra posición es defender los intereses del Estado. Nosotros estamos en contra del terrorismo y en este caso hay una persona que ha sido condenada por terrorismo. Claramente es un terrorista y nos corresponde a nosotros defender los intereses del Estado”, aseguró ante la prensa este jueves.

Maurate señaló que corresponde a la Procuraduría General del Estado, dentro de la autonomía que tiene por las normas aprobadas por el Congreso, el ejercer la defensa del Estado ante la demanda que será evaluada por la CIDH.

“Debemos invocar y dar todas las facilidades a la procuraduría para que, en este caso, este tema si es que llega a la corte tengamos la mejor defensa”, aseveró.

El ministro dijo que están dispuestos a apoyar reforzando al equipo de la procuraduría con más personal o con la contratación de abogados en el extranjero para defender adecuadamente la postura del Estado peruano.

Maurate precisó, de otro lado, que el caso se encuentra muy lejos de que se pueda considerar una resolución contra el Perú por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Es probable incluso, porque estaba conversando con el gabinete de asesores, que podría ser archivado porque hay plazos que la otra parte tiene para hacer observaciones, que es entre cuatro a seis meses y parece que no lo han hecho”, manifestó.

La demanda de Víctor Polay Campos, presentada por el exministro Javier Valle Riestra en conjunto con los abogados César Oyola y Javier Mujica Petit; así como familiares del terrorista, fue admitida en marzo del 2022.

El recurso plantea que el terrorista del MRTA habría sido condenado sin respetar su derecho al principio de legalidad y a las garantías judiciales; y que las condiciones carcelarias que se le impusieron afectaron su integridad personal, algo que el Ministerio Público no investigó diligentemente.