Fiscalía pide 8 años de prisión para Daniel Salaverry: todos los detalles de la acusación penal

El Ministerio Público solicitó 8 años de prisión y 5 años de inhabilitación para el exparlamentario Daniel Salaverry por la presunta comisión del delito de peculado. El expresidente del Congreso es acusado por la fiscalía de apropiarse para sí mismo de más de S/ 10 mil que le fueron asignados por el Parlamento para gastos relacionados a sus semanas de representación entre el 2017 y 2018.

La acusación fue presentada en julio por el fiscal Uriel Terán, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios. Hace unos días, el juez supremo Juan Carlos Checkley notificó el requerimiento al acusado, de cara al posterior desarrollo de la fase de control de acusación, donde se decidirá si el caso pasa a juicio. En diálogo con El Comercio, Daniel Salaverry rechazó la acusación fiscal y estimó que esta será desestimada a nivel judicial.

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Natural de Trujillo, Daniel Salaverry ha tenido una carrera política marcada por su asociación con distintos partidos y figuras políticas, en ocasiones antagónicas entre sí. Fue militante del Apra y candidato por este partido a alcalde de Trujillo en el 2010. Para el 2014, volvió a postular a ese cargo, pero ya con la camiseta de Fuerza Popular. En ningún caso tuvo éxito. Sin embargo, sí logró ser elegido congresista en el 2016 por el fujimorismo, como representante de La Libertad.

En el Congreso, se hizo conocido como férreo defensor de su bancada y su lideresa, Keiko Fujimori, siendo designado vocero en el 2017 y elegido como presidente del Congreso en el 2018. No obstante, una vez allí y con el avance de casos judiciales en torno a Fujimori, se alejó del partido y renunció a la bancada en enero del 2019. Poco antes, el dominicial Panorama publicó un reportaje sobre informes falsos en su semana de representación que a la larga sería el origen del caso por el que hoy se le acusa penalmente.

Antes de su salida del fujimorismo, Daniel Salaverry ya había dado muestras de cercanía política con el entonces presidente, Martín Vizcarra, que estaba enfrentando al fujimorismo. Así, para las elecciones del 2021 fue elegido candidato presidencial por Somos Perú con Vizcarra, recientemente vacado por el Congreso, como cabeza de su lista al Congreso y principal protagonista de la campaña.

La campaña de Daniel Salaverry no tuvo éxito y para la segunda vuelta, el exlegislador comenzó a mostrarse cercano a Pedro Castillo, quien disputaba la presidencia con Keiko Fujimori. Ya durante su gobierno, fue nombrado presidente de Perú-Petro y luego consejero presidencial, todo en el 2022. Según el exministro Eduardo González, su nombramiento en el primer cargo fue gestionado “insistentemente” por el entonces asesor Biberto Castillo, hoy bajo prisión preventiva mientras se le investiga por el caso ‘Gabinete en la sombra’.

De toda esa trayectoria política, el caso que hoy lo enfrenta a un pedido de prisión se remonta a su época como vocero de Fuerza Popular (2017-2018). El requerimiento acusatorio - al que accedió El Comercio- detalla que a Daniel Salaverry se le acusa del delito de peculado “al haberse apropiado para sí de caudales públicos (importes dinerarios) entregados por la Dirección General de Administración del Congreso, por concepto de ‘apoyo logístico en la semana de representación’”. Esto en relación a que no acudió a estas actividades en su región en noviembre y diciembre del 2017, así como de enero, febrero y marzo del 2018, y que no devolvió el dinero asignado.

En paralelo, también se le atribuye peculado por apropiación para otros por presuntamente haberse apropiado, para cuatro trabajadores de su despacho, de dinero entregado por el Congreso para “gastos por semana de representación”. Esto debido a que “conociendo del carácter indelegable de las actividades de representación parlamentaria”, delegó a este personal participar en actividades de su semana de representación en enero, febrero, noviembre y diciembre del 2017; así como en enero, febrero y marzo del 2018.

Por cada uno de estos dos delitos, la fiscalía solicita una pena de 4 años de prisión y el pago de 180 días multa, equivalentes a S/ 71. 699,40. Así, al considerar que hay un concurso de delitos, la condena final a la que apunta el Ministerio Público es de 8 años de prisión, 360 días multa y 5 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En tanto, la Procuraduría Anticorrupción podrá solicitar una reparación civil a pagar por el acusado si es declarado culpable.

Daniel Salaverry rechaza la acusación de la fiscalía por peculado, a la que tildó de absurda y sin pies ni cabeza. Por ello, consideró que deberá ser desestimada al momento de ser evaluada por el Poder Judicial. Además, destacó que la propia fiscalía solicitado que se archive la investigación que le seguía por falsedad ideológica y falsedad genérica tras determinar que sus firmas en informes de esas semanas de representación habían sido falsificadas.

De acuerdo con la acusación los hechos de peculado propio ocurrieron los días 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2017; el 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2017; el 22, 24 y 25 de enero de 2018; el 19, 20 y 21 de febrero de 2018; y el 26, 27, 29 y 30 de marzo de 2018.

La fiscalía sostiene que por un acuerdo de la Mesa Directiva de entonces, los montos asignados por semana de representación se entregaban por adelantado. No había necesidad de documentar en qué se gastaban, pero sí se debía acreditar que se había realizado actividades oficiales por la semana de representación. La asignación neta por “apoyo logístico en la semana de representación” era de S/ 2.800.

Pese a ello, la fiscalía sostiene que Daniel Salaverry no se presentó a varias fechas de sus semanas de representación, tomando en cuenta de que las normas del Congreso no autorizaban a un congresista a delegar sus funciones de representación a sus trabajadores. Si los trabajadores iban con él a sus actividades, eran para acompañarlo, no para reemplazarlo.

“Así, el acusado, infringió su deber funcional, apropiándose para sí de los caudales que tenía bajo su administración; pues, debía de llevar a cabo acción específica conforme a su labor congresal en función al dinero otorgado por el Estado; al no ejecutarlas y no devolver el dinero no utilizado se apropia de éste”, sostiene la fiscalía.

La acusación señala que, por ejemplo, el 21 de noviembre, Daniel Salaverry estuvo en Lima y no en La Libertad (donde realizaba su semana de representación) para la presentación de un proyecto de ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol junto al entonces presidente del Congreso, Luis Galarreta, y el presidente de la FPF, Edwin Oviedo. Ello incluso quedó acreditado en una conferencia de prensa.

También se detectó de su presencia en Lima el 22 de noviembre, mientras que el propio acusado admitió que estuvo en la capital el 23 y 24 de noviembre realizando actividades vinculadas a su rol como vocero de la bancada de Fuerza Popular.

“Al no haber llevado a cabo ninguna actividad dentro del marco de su semana de representación -en esa fecha - (en su calidad de congresista de la República) y al no haber hecho la devolución de los caudales que se le depositaron previamente para tal finalidad (en calidad de administración), el acusado se apropió de estos, cometiendo el delito de peculado doloso por apropiación para sí”, sostiene la fiscalía.

La acusación señala que Daniel Salaverry también estuvo en Lima el 27 de diciembre y que encargó su representación a su asesor para una actividad en Trujillo; mientras que el propio Daniel Salaverry reconoció en la investigación de este caso que “delegó” varias de sus actividades de representación a sus trabajadores entre el 28 y 30 de diciembre. “Sin embargo, no realizó ningún informe mucho menos devolvió el dinero que le fuera asignado por la semana de representación; apropiándose de estos”, sostienen.

En cuanto a enero del 2018, se señala que el acusado viajó de Trujillo a Lima la mañana del 22 de enero y regresó ese mismo día por la noche, sin registrarse ninguna activad de representación. Luego, respecto al 24 y 25, el acusado refirió que “se dieron actividades de semana de representación, siendo que los asesores fueron los que participaron”.

Respecto a febrero, no se registra ninguna actividad el día 19, mientras que el 20 acudió a sede del Tribunal Constitucional en Lima para invitar a un tribuno a una charla organizada por su despacho; y el 21 realizó trabajos en su despacho congresal en Lima y se reunió con asesores de la bancada fujimorista. Todo durante la semana de representación.

“Al no haber llevado a cabo ninguna actividad dentro del marco de su semana de representación y al no haber hecho la devolución de los caudales que se le depositaron previamente para tal finalidad (en calidad de administración), el acusado se apropió de estos, cometiendo el delito de peculado doloso por apropiación para sí”, reitera la fiscalía.

Finalmente, en cuanto a marzo, estuvo en Lima para actividades y reuniones en el Congreso tanto el 26 como el 27, delegando en este último día su representación a su asesor Geanmarco Quezada. En cuanto al 29 y 30, se señala que “reconoció haber delegado representación” al mismo trabajador.

Con todo ello, el fiscal considera que “se ha demostrado la inconcurrencia del acusado Daniel Enrique Salaverry Villa, en la semana de representación, correspondiente a los días 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2017, los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2017, los días 22, 24 y 25 de enero de 2018, los días 19, 20 y 21 de febrero de 2018, y los días 26, 27, 29 y 30 de marzo de 2018″.

“El acusado Daniel Enrique Salaverry Villa infringió su deber funcional, apropiándose para sí, de los caudales que tenía bajo su administración; pues debía de llevar a cabo acciones específicas conforme a su labor congresal en función al dinero otorgado por el Estado, más aún, al no ejecutarlas y no devolver el dinero no utilizado, se apropió de estos, cometiendo el delito de Peculado doloso por apropiación para sí”, concluyen.

Al ser el monto asignado de S/ 2.800 por los cinco días de semana de representación, la fiscalía considera que el costo de cada día era de S/ 560. Así, en noviembre, al no haber realizado actividades de representación en cuatro días, se considera que generó un perjuicio al estado de S/ 2.240. El mismo perjuicio se repite en diciembre del 2017 y marzo del 2018, mientras que por los tres días de enero del 2018 y febrero del 2018 se calcula un perjuicio de 1680 en cada uno de esos meses.

Con todo ello, la fiscalía concluye que el acusado se apropió de uno total de S/ 10,080 entre noviembre del 2017 y marzo del 2018, correspondientes a 18 días de semanas de representación desarrolladas en ese lapso.

En cuanto al peculado para otros, la fiscalía señala que el acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso permitía que personal del despacho de los congresistas viaje con ellos para sus actividades de semana de representación, pero que “en ningún momento autoriza que estas reemplacen al parlamentario, y en su nombre realicen las actividades correspondientes”.

En mérito a ese acuerdo, continúan, Daniel Salaverry solicitó que el Congreso cubra los pasajes aéreos y gastos por semana de representación de sus asesores que lo acompañarían a las semanas de representación de enero, febrero, noviembre y diciembre del año 2017 y enero, febrero y marzo del año 2018.

Para la semana de representación de enero del 2017 (23 a 27 de ese mes), se le otorgó S/ 3,200 para dos trabajadores, a razón de S/1.600 para cada uno. Luego, ambos trabajadores declararon haber realizado gastos por ese monto en la semana se representación. Sin embargo, la fiscalía considera que el día 26, el congresista no realizó actividades.

Por ello, la acusación señala que “los días en los cuales el imputado ha señalado que ha delegado dicha representatividad no serían válidos, por ende, debieron los asesores del acusado devolver el monto de dinero que se les asignó como gastos, por no haberse desarrollado actividades de las semanas de representación en dichos días, esto es, en lo concerniente al día 26 de enero de 2017″.

De forma similar, la fiscalía sostiene que tampoco realizó actividades de representación junto a sus asesores el 23 y 24 de febrero del 2017, ya que el legislador regresó el 22 de ese mes y sus asesores se quedaron en Trujillo, reportando gastos realizados en los dos días posteriores; así como el 21, 22, 23 y 24 de noviembre de ese año y el resto de los 18 días considerados en la primera parte de la acusación

En un cálculo como el hecho con el propio Daniel Salaverry, la fiscalía indica que a cada trabajador se le asignó S/ 1.600 por semana de representación, a razón de S/ 320 por día. Con ello, al no haber devuelto el monto vinculado al 26 enero (donde no hubo actividad del congresista), se señala que ese mes hubo un perjuicio de S/ 320 por cada uno de los dos trabajadores que viajaron con él: Geanmarco Quezada Castro y Juan Carlos Llontop Gamarra. Así, el total de ese mes es de S/ 640

En febrero de ese año, hubo un perjuicio de S/ 640 relacionada solo a Quezada Castro; mientras que en noviembre fue de 1280 (cuatro días) cada uno por parte de dos trabajadores. En lo referente a diciembre, la fiscalía señala que un trabajador sí devolvió S/ 800.50, con lo que el perjuicio fue de S/ 479.50; mientras que el otro devolvió S/ 533.20, advirtiendo un perjuicio de 746. 80. Así, ese mes se llega a un total de S/ 1,226.30.

Para enero del 2018, no hubo devoluciones, por lo que el monto se calcula en S/ 960 por trabajador y S/ 1920 en total. En febrero, solo Quezada Castro devolvió S/ 48.50, por lo que el perjuicio asociada por la fiscalía a él es de S/ 911.50 y sumado a los relacionado al otro trabajador, se tiene un total de S/ 1871.50. Finalmente, en cuanto marzo del 2018, se reportó una devolución de S/ 600 de parte de Quezada Castro, por lo que el perjuicio alegado es de S/ 680.

Con todo ello, en este extremo de la acusación contra Daniel Salaverry, la fiscalía calcula que se llegó a un perjuicio total de S/ 9,537.80 entre enero del 2017 y marzo del 2018.

La acusación también reitera que el excongresista no podía delegar sus actividades de representación de a sus asesores y que esta era una práctica recurrente en él. El propio acusado, citado en el documento, dijo que esto “es una práctica parlamentaria” común en los congresistas: ser representados por sus asesores en las actividades de sus semanas de representación, cuando ellos no pueden concurrir por algún imprevisto.

Ante esto, la fiscalía señala que “los días en los cuales el acusado ha señalado que ‘ha delegado’ dicha representatividad no tuvieron su participación; por lo que, debió haber devuelto el monto de dinero correspondiente por no haber concurrido a esos días de su semana de representación”.

“Daniel Enrique Salaverry Villa ha percibido indebidamente importes de dinero a los que no les dio el uso para el que fueron destinados y, al no devolverlos, se apropió de estos, lo que conlleva a calificar esta conducta como peculado doloso por apropiación”, afirmaron.

Finalmente, se ofreció una lista de tres testigos, un perito y 49 documentos para ser valorados como pruebas en un eventual juicio, en lo relacionado al peculado por apropiación propia; así como tres testigos, dos peritos y 92 documentos relacionados a la acusación por peculado por apropiación para otros.

La admisión de esas pruebas y la determinación si el caso cumple con los requisitos para pasar a juicio se debatirá y decidirá en la etapa de control de acusación. Allí también se verá el requerimiento de sobreseimiento (archivo) de la fiscalía que presentó la fiscalía respecto a otros hechos por los que también se investigó a Daniel Salaverry.

Luego del reportaje sobre este caso emitido por Panorama, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, comenzó a investigar el caso a nivel preliminar. Así, en el 2020 presentó una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso. Por ser hechos cometidos cuando era congresista, el hoy acusado tenía antejuicio o inmunidad y para poder seguir investigándolo se requería autorización del Parlamento.

En abril del 2022, el Congreso aprobó la acusación constitucional contra Daniel Salaverry y la fiscalía pudo formalizar la investigación en su contra el 29 de ese mes, por los delitos de peculado, falsedad ideológica y falsedad genérica. Concluida esa investigación, la fiscalía decidió acusarlo por los hechos ya relatados en este informe, pero archivar el proceso respecto a otros.

En su investigación, la fiscalía acreditó que Daniel Salaverry sí cumplió con sus actividades de semana de representación de los dáis 23, 24, 25 y 27 de enero del 2017; del 21 y 22 de febrero del 2017; del 20 de noviembre del 2017; 26 de diciembre del 2017; 23 y 26 de enero del 2018; 22 y 23 de febrero del 2018; y el 28 de marzo del 2018. Por ello, solicitó al Poder Judicial sobreseer (archivar) la investigación por peculado por apropiación para sí en torno a esos días.

Lo mismo se resolvió en torno a la investigación por peculado por apropiación para otros de los días 23, 24, 25 y 27 de enero del 2017; 20, 21 y 22 de febrero del 2017; 20 de noviembre del 2017; 26 de diciembre del 2017; 23 y 26 de enero del 2018; 22 y 23 de febrero del 2018; y 28 de marzo del 2018.

Finalmente, también se pidió archivar la investigación por los delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica. Respecto a esto, durante la investigación se determinó que los informes de semana de representación de enero, febrero, noviembre y diciembre del 2017; y enero, febrero y marzo del 2018 tenían información falsa. Sin embargo, también se estableció que las firmas de Daniel Salaverry que aparecen en ellas fueron falsificadas por el trabajador Juan Carlos Llontop, ya fallecido.

En diálogo con El Comercio, Salaverry destacó el archivamiento de la investigación por falsedad ideológica y falsedad genérica al demostrarse que se falsificó su firma en los informes de semana de representación. Por otro lado, rechazó la acusación por peculado y consideró que la acusación será desestimada a nivel del Poder Judicial.

Según el exlegislador, otra fiscalía ya investigó a sus exasesores y las pericias realizadas a ellos concluyeron que no hubo perjuicio económico y sí rindieron bien sus viáticos. “¿Cómo me van a decir que he favorecido a los asesores y en la investigación a mis asesores sale que todo está bien, que es correcto, que no han cometido ningún delito? Es un absurdo”, cuestionó

En cuanto al supuesto peculado por apropiación para sí mismo, afirmó que para la fiscalía, él debió estará cinco días continuos en su región por la semana de representación, pero que sus labores como vocero requerían su presencia en Lima para actividades. “Estaba cumpliendo mi rol de vocero. En la noche me regresé a Trujillo a culminar mi semana de representación. ¿Qué dice la Fiscalía? Que como dejé Trujillo y fui a Lima, entonces peculado. Es un absurdo”, afirmó.

Salaverry destacó que el propio Congreso luego modificó su reglamento para que la semana de representación se pueda realizar en cualquier parte del país, ya que limitarla a la región por la que fueron elegidos era inconstitucional. “La fiscalía intenta acusarme tomando como argumento un artículo derogado por inconstitucional. Es una barbaridad lo que hacen algunos fiscales por su afán de figuración o de justificar ante sus superiores el presupuesto que les dan”.

El acusado también rechazó la forma en que la fiscalía calculó el monto del que supuestamente se apropió. Según dijo, los S/ 2,800 no eran viáticos, sino asignaciones de libre disposición, y que no hay norma que sostenga que ese monto se tenga que dividir por cada uno de los cinco días. “Ni siquiera tienen que sustentarlo, menos prorratearlo entre cinco días. O el fiscal no entiende cómo funciona esto en el Congreso o es una animadversión”, dijo.

“Estoy seguro de que cuando esto pase al juez de control de garantías va a tener que evaluar lo que estoy diciendo […] Yo estoy tranquilo porque sé que la razón tiene que prevalecer y el juez va a tener que archivar esto”, aseguró. “La fiscalía tuvo que archivar los temas por lo que me acusaba de falsificación y para no hacer un papelón, han tenido que presentar una acusación, aunque no tenga ni pies ni cabeza”.