Hace poco más de un mes, el 16 de febrero, en la ciudad brasileña de Sao Paulo, la fiscalía y la procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato firmaron –después de una larga negociación– el acta de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht.
Desde entonces, diversos ex ejecutivos de la constructora declararon ante el equipo especial sobre cómo pagaron sobornos en el Perú, así como por el presunto financiamiento de campañas políticas.
Como parte de esos testimonios que recogió la fiscalía, se señaló, por ejemplo, que el contrato del ex presidente Alan García con Odebrecht por una conferencia de US$100 mil habría sido ficticio. O que habrían pagado US$3 millones al ex árbitro Horacio Cánepa para que falle a favor de la empresa.
Sin embargo, según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, el 91% de peruanos cree que los ex ejecutivos de Odebrecht no están diciendo la verdad completa: solo para el 5% están diciendo toda la verdad; para el 47% una parte; y para el 44% están mintiendo.
“Ni los propios fiscales han negado que sea cierto que están aceptando una parte de la verdad. Ese es el juego de los intereses que tiene la empresa. Pero, si una media verdad alcanza a altos funcionarios del Estado, para lo que tenemos como experiencia histórica, será un avance positivo. Sin embargo, esa no parece ser la concepción de la población”, sostuvo el ex procurador Yván Montoya.
Para el ex fiscal supremo adjunto Avelino Guillén, existe una desconfianza porque, hasta el momento, Odebrecht ha dosificado la información y Jorge Barata, el ex jefe de la constructora en el Perú, ha declarado a cuentagotas.
Con estos resultados, Guillén consideró que la fiscalía “ahora sí, en este año”, tiene que lograr una acusación e iniciar algún juicio oral. Agregó que si hay tanta desconfianza, es porque no se ven resultados “tangibles”.
“La ciudadanía escucha numerosas declaraciones, pero cuál es el avance. ¿Cómo se materializa? Eso viene generando un desaliento y una decepción”, manifestó.
El sondeo también reveló que un 63% cree que el equipo especial está logrando pocos avances tras las declaraciones de los ex ejecutivos brasileños. El 20% considera que no hay avances.
Para Montoya, esta valoración no es personal hacia los fiscales Rafael Vela o José Domingo Pérez –quien en octubre tuvo un 72% de aprobación–, sino son las “ansías” de ver pronto condenas de alto nivel. “La población está hastiada. Hay una disonancia entre la velocidad de la expectativa de la gente y la de las investigaciones”, dijo.
En tanto, Guillén señaló que la fiscalía aún no ha podido subsanar “un error” respecto a la comunicación de sus acciones. Sostuvo que deberían explicar cómo es el proceso tras una declaración. “Eso genera, de parte de la opinión pública, un cierto escepticismo”, añadió.
Con ello coincidió Montoya, quien manifestó que corresponde una autocrítica institucional y que se dé una explicación de las dificultades de esta investigación.
—Acuerdo positivo—Sobre el acuerdo suscrito con la constructora, la opinión está más dividida: un 50% lo aprueba y un 46% no.
Montoya dijo que estos resultados son una percepción de la población “y no pueden ser tomados por un político” para decir que el acuerdo no es ventajoso. “La ciudadanía está aprobando ese trabajo con prudencia”, señaló.
Para Guillén, es alentadora la aprobación al acuerdo “a pesar de todas las campañas de desinformación para que caiga”.