Estamos pasando por una etapa muy difícil en el combate al COVID-19, en la que dejamos atrás una lógica con énfasis en la toma de grandes decisiones en las “alturas”, a cargo de equipos pequeños y altamente calificados: imponer una cuarentena drástica, diseñar un programa de reparto de bonos para la población vulnerable, aumentar la capacidad de atención de unidades de cuidados intensivos, principalmente.
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En poco tiempo se logró diseñar y poner en ejecución iniciativas de gran magnitud, lo que fue un gran logro. Pero las tareas del momento necesitan coordinación horizontal entre entidades del Gobierno y vertical con autoridades regionales y municipales; coordinación con organizaciones de la sociedad civil, negociación con actores que no tienen opiniones convergentes.
Así, el expresidente del Banco de la Nación señala que el pago de los bonos no fue suficientemente coordinado, o el alcalde de Lima que tampoco se han coordinado iniciativas referidas al ámbito municipal. Además, son tareas que requieren manejo de campo, implementación en el terreno, y para ello se necesita identificar y convocar a operadores que tampoco son abundantes.
Ante las crecientes dificultades para que el aislamiento y la inmovilización social obligatoria reduzcan suficientemente la tasa de contagios, se están concentrando los esfuerzos en la administración de los mercados y en el control de la ocupación en el transporte público. Se escucha entonces el comentario, en diferentes niveles, de que uno de los puntos débiles en el combate a la epidemia estaría en la “falta de cooperación” de la ciudadanía. En los medios aparece como pregunta: “¿Por qué la gente no respeta las disposiciones del Gobierno?”, y se desarrollan diversos argumentos, algunos de los cuales atribuyen a la falta de civismo o responsabilidad.
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Considero importante tomar distancia de esa línea de razonamiento (aunque, por supuesto, siempre podrá encontrarse evidencia anecdótica elocuente en cualquier dirección), mucho más en la nueva etapa de combate a la epidemia.
Como también ha sido dicho, buena parte de la ciudadanía no respeta la epidemia porque no está en condiciones de hacerlo: se vive en condiciones de hacinamiento, no se ha podido recibir ninguna ayuda estatal, no se cuenta con ingresos o ahorros o capacidad de hacer compras en mayor volumen, no hay muchas opciones para alcanzar puntos de compra, y se recurre a los que hay aunque brinden servicios de manera desordenada, y las personas están obligadas a salir a obtener recursos, y a transportarse en medios atestados.
Si queremos mejorar las condiciones de salubridad, parece claro que el camino no es radicalizar la inmovilización o el discurso de la censura, sino asegurar la disponibilidad de mascarillas, agua o alcohol en gel para el lavado de manos para toda la población, reordenar y ampliar los mercados, habilitar más unidades y opciones de transporte, etc. Ayúdame a ayudar, sería el pedido que la población podría hacerle a nuestras autoridades.