Como cada cierto tiempo, el debate sobre la necesidad de una nueva Constitución ha regresado. El acicate de los resultados del referéndum chileno ha sido fortalecido por las manifestaciones de hace algunas semanas. Si bien el tema central de la protesta fue la remoción de un gobierno percibido como ilegítimo, la agenda rápidamente se amplió para incluir las demandas constitucionales.
Pero las expectativas de los principales promotores del cambio de Constitución —principalmente la izquierda y, en menor medida, algunos sectores que favorecen la mano dura— están lejos de las motivaciones de quienes manifiestan su apoyo. Según una encuesta de Datum de octubre, más de la mitad de la población (56%) manifestaba estar de acuerdo con “cambiar la actual Constitución por una nueva”.
Las razones del apoyo eran variopintas. Destacaban aquellas que buscaban cambios para plantear mayores penas para los corruptos (31%) y para los delincuentes (20%). Un significativo 25% pedía el cambio, ya que el país no puede “seguir teniendo la Constitución de Fujimori”. Solo un marginal 12% esperaba permitir “una mayor participación del Estado en la economía”.
Las razones no están lejanas de algunas de las cosas planteadas por algunos actores con presencia en el Parlamento. Por ejemplo, la noche del debate organizado por el JNE, el hoy congresista José Vega Antonio —luego de plantear su preocupación por la corrupción y la inseguridad ciudadana— dijo que para su partido era “prioridad cambiar la Constitución y restablecer la pena de muerte para los violadores” (19/1/2020). Ya como parlamentario, Vega parece animado a darle viabilidad a su propuesta: es uno de los firmantes del proyecto de ley que plantea un referéndum para convocar una Asamblea Constituyente.
El presidente Francisco Sagasti no ha estado ajeno a este debate. Entrevistado por Reuters, dijo no creer que el referéndum sobre la Constitución sea “una prioridad de corto plazo” (20/11/2020). A Enrique Patriau le dijo que “de hecho, hay cambios que introducir en la Constitución”, aunque indicando que “hay que dejar esa decisión formalmente a la ciudadanía en un tiempo prudencial y que sea el nuevo gobierno el que se haga cargo”.
Para Sagasti, “la Constitución es algo que la ciudadanía construye bajo la conducción de los políticos y es algo que tiene que evolucionar continuamente”. Esa evolución, sin embargo, no debería tocar el actual proceso electoral: “Estas elecciones van a ser bastante desafiantes para el elector. Complicar con un tema adicional sería bastante difícil” (“La República”, 22/11/2020).
Entrevistado por Fernando Vivas, Max Hernández definía el momento actual como “instituyente”: ¿cómo quiere ser la sociedad peruana? Es quizás la mejor descripción del tránsito actual hacia el bicentenario. El acuerdo tácito sobre el que se forjó el posfujimorismo se muestra agonizante y se hace necesario un nuevo acuerdo sobre cuál construir y mejorar. Pero el pacto ineludible requiere más de personajes que de guiones.
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