La Defensoría del Pueblo parece estar en la mira del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, quien ha planteado —sin mayor justificación — desactivarla. Ya ha tenido una postura similar en el caso del Tribunal Constitucional (TC), la Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías (Sutrán), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Además, ha adelantado que, en un eventual gobierno, corregirá la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu).
Expertos consultados por El Comercio, entre ellos el exdefensor del Pueblo, Walter Albán, han advertido que la propuesta de Pedro Castillo atenta contra la democracia y los derechos fundamentales. Constitucionalistas, además, han explicado que la medida sería ilegal.
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¿Pero cuál es el rol de la Defensoría y a quiénes protege? La entidad entró en funciones en 1996 a partir de su inclusión como uno de los organismos autónomos del Estado en la Constitución de 1993.
“Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía”, señala el artículo 162 de la Carta Magna de 1993.
La Defensoría tiene una esencia, recogida por el sitio web de la entidad: “…Atiende —en todo el país— quejas, consultas y pedidos de ciudadanos que, por alguna causa, han experimentado la vulneración de sus derechos. No desempeña funciones de juez o fiscal ni sustituye a autoridad alguna. No dicta sentencias, no impone multas ni sanciones. Elabora informes con recomendaciones o exhortaciones a las autoridades, cuyo cumplimiento encuentra sustento en su poder de persuasión y en la fortaleza de argumentos técnicos, éticos y jurídicos”.
Para ello cuenta con ocho adjuntías sobre lucha contra la corrupción, transparencia y eficiencia del Estado; prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad; niñez y la adolescencia; asuntos constitucionales; derechos de la mujer; medio ambiente, servicios públicos y pueblos indígenas; administración estatal; y derechos humanos y personas con discapacidad.
Asimismo, considera como grupos de especial protección a los pueblos indígenas, la población afroperuana, la mujer, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, población LGTBI y personas que viven con VIH.
Pedro Castillo sobre la Defensoría del Pueblo
Casos emblemáticos
La Defensoría del Pueblo ha jugado un rol clave en distintos momentos, por lo que su desactivación implicaría un vacío ante distintas problemáticas.
Un caso es de Ana Estrada, la psicóloga que padece una enfermedad degenerativa y que ha luchado por una muerte digna. La entidad fue la que presentó, en febrero del 2020, una acción de amparo ante el Poder Judicial en pro de la pretensión de la mujer de 44 años. Como se sabe, en febrero pasado, la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Ministerio de Salud y a Essalud respetar la decisión de Estrada.
También ha realizado informes sobre los casos de mujeres sometidas a esterilizaciones forzadas entre los años 1996 y 2001, estimando la cifra en 272.028.
En el 2000, el entonces defensor del Pueblo, Jorge Silva Santisteban, hizo suya una denuncia de El Comercio sobre la falsificación de firmas en el oficialista Perú 2000 y presentó información ante la ONPE a fin de que se investigue el caso.
En el 2007 denunció ante el Ministerio Público actos de discriminación contra una estudiante con discapacidad motora y articulación de lenguaje logrando que en el 2009 se emita la primera sentencia por discriminación en el Perú.
Además, a lo largo de los años, se ha visto a representantes de la Defensoría con participación activa en mesas de diálogo producto de conflictos sociales.
Recientemente, desplegó al personal de sus 38 oficinas a nivel nacional para estar presentes en locales de votación a fin de supervisar la jornada electoral del 11 de abril.
Un documento interno de la entidad incluye como aportes el labor de la defensoría en torno a la Ley del Servicio Militar Voluntario en el 2004, la creación del Ministerio del Ambiente en el 2008, la Ley de Consulta Previa en el 2009, el impulso a temas de transparencia y acceso a la información, la Base de Datos de Pueblos Indígenas, entre otras iniciativas.
El actual defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, mantiene su posición de no pronunciarse por respeto a la neutralidad electoral. Según una fuente del organismo, el funcionario ha comentado internamente que el planteamiento del candidato presidencial de Perú Libre evidencia desconocimiento del trabajo de la entidad.
“Los diversos sectores de la sociedad civil se han pronunciado reconociendo el trabajo de la defensoría, durante tantos, años, en defensa de los derechos de las personas. Extrañeza es inevitable que se sienta, si eso equivale a preocupación quizás sea una forma de poderlo expresar también. Pero también hemos sido testigos de la reacción ciudadana y eso nos alienta”, indicó otra fuente.
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