El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dejó al voto el pedido para suspender en sus funciones, hasta por seis meses, al fiscal supremo Pedro Chávarry, en el marco del proceso disciplinario inmediato que se le sigue por, presuntamente, mantener vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y haber ordenado la sustracción de documentos de las oficinas de su exasesor, en 2019.
Hoy, durante una audiencia pública, el pleno de dicha institución escuchó los alegatos del fiscal supremo y su defensa legal, Julio Rodríguez, quienes solicitaron se declare improcedente la suspensión.
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Tal como lo adelantó El Comercio, el vocal supremo instructor de la JNJ –cuyo nombre se mantiene en reserva- propuso que Chávarry Vallejos, sea apartado de sus funciones hasta que culmine el proceso en su contra y de esta manera no pueda interferir en las investigaciones.
Entre los cargos formulados contra el exfiscal de la Nación, se encuentran los audios que lo vincularían a Los Cuellos Blancos del Puerto y presuntos favores que habría solicitado el exjuez supremo César Hinostroza.
También, por haber participado en la irrupción y sustracción de documentos de las oficinas de su exasesor que, en enero del 2019, habían sido lacradas durante un allanamiento realizado por el fiscal José Domingo Pérez, en el marco de la investigación que seguía contra Fuerza Popular y su lideresa, Keiko Fujimori.
Por ello, según el ponente, Chávarry habría violado la Ley de Carrera Fiscal y dañado la imagen institucional del Ministerio Público lo que haría necesario, por un principio de “interés público”, apartarlo de su cargo de manera preventiva.
-Niega conocer a la organización criminal-
Durante su presentación, Chávarry alegó que no existen pruebas de que haya solicitado una reunión con periodistas o con el empresario Antonio Camayo (vinculado a la organización criminal Los Cuellos Blancos) para que lo apoyen en su elección como Fiscal de la Nación en 2018.
“El exjuez supremo César Hinostroza, utiliza mi nombre ante Antonio Camayo a quien yo no conocía; incluso en la transcripción del audio, se entiende la sorpresa del investigado quien le dice a Hinostroza de quién se trata porque no me conocía”, dijo.
Aseveró que no conocía a ningún integrante de los denominados Cuellos Blancos; y dijo que -en el caso de Hinostroza Pariachi- lo conocía por el ejercicio de su función desde 1982 y también porque trabajaron en la Academia de la Magistratura.
“Esa era la comunicación que teníamos (con Hinostroza), una comunicación netamente laboral que se ha ido distorsionando como que éramos ‘los hermanitos’ que siempre nos reuníamos y no era así. Era una relación laboral”, agregó.
Sobre la irrupción a las oficinas de su exasesor Juan Manuel Duarte, en 2018, el fiscal supremo indicó que desconocía el hecho y que todo fue responsabilidad de Rosa Venegas, quien también era su asesora.
Aseguró en sus 43 años ni siquiera ha tenido una llamada de atención y aseveró que no ha dañado jamás la imagen de la institución. “No existen los elementos de convicción de inconducta o falta grave para que se pueda ordenar mi suspensión en el cargo”, remarcó Chávarry.
Por su parte, Julio Rodríguez, abogado de Chávarry, sostuvo ante el Pleno que una medida cautelar como la suspensión “no puede ser subjetiva ni arbitraria (ya que) tiene que haber elementos” para aplicarla.
Alegó que su patrocinado no ha entorpecido las investigaciones y por el contrario, se ha sometido a las investigaciones y no las ha obstaculizado.
El abogado sostuvo que los cargos contra Chávarry no pueden estar circunscritos a un criterio político; sino que tienen que estar sustentados legalmente. Y en el caso de su patrocinado, existe una indebida motivación; ya que solo se han valorados los cargos y no los descargos.
Finalmente, el presidente de la JNJ, Aldo Vásquez, anunció que el pedido de suspensión del fiscal supremo Pedro Chávarry, quedaba al voto y cerró el debate.