Después de más de diez horas de debate, la madrugada de este sábado se firmó el acuerdo de colaboración entre el equipo especial de la fiscalía para el Caso Lava Jato y la procuraduría ad hoc de ese mismo caso con la empresa brasileña Odebrecht.
Según ese acuerdo de beneficios y colaboración eficaz, que tiene 17 páginas, la constructora se compromete a entregar –sin ningún tipo de condicionamiento– información y documentación relevante sobre el pago de coimas de esa firma a funcionarios peruanos de todos los niveles.
El acta fue suscrita por el fiscal José Domingo Pérez, el procurador Jorge Ramírez y los representantes de Odebrecht-Perú Ricardo Machado y Lourdes Carreño. En la reunión también participaron el coordinador del equipo especial, Rafael Vela, y el director de Odebrecht en el Perú, Mauricio Cruz.
Estos son los puntos más saltantes de este acuerdo, cuyo documento final se suscribirá el 11 de enero.
1. Hechos delictivos a los que está vinculado el acuerdo.El proyecto de la Costa Verde tramo Callao, la obra de mejoramiento de la Vía de Evitamiento de Cusco, el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur (tramo 2 y 3) y el proyecto de la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2).
2. El pago de la reparación civil.La propuesta inicial de Odebrecht era pagar una reparación de S/297 millones, pero la procuraduría pidió S/610 millones. Tras las negociaciones, la constructora aceptó la propuesta peruana. Ese monto será pagado en 15 cuotas anuales. La primera, correspondiente al 2019, es de S/80 millones y se pagará con el dinero producto de la venta de la Empresa de Generación Huallaga (concesión de la Hidroeléctrica Chaglla). Si la transacción no se produce durante el próximo año, se irá pagando esa cuota con las retenciones que ingresen al fideicomiso en ese período.
3. Obligaciones que asume Odebrecht con este compromiso.La constructora estará a disposición de los requerimientos de la fiscalía para los actos de investigación y de prueba que sean necesarios. Para ello, entregará todas las pruebas de corrupción y lavado de activos que comprometan a funcionarios públicos, así como a las personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con las que se consorció para los actos de corrupción.
4. Barata podrá atestiguar ante las autoridades. El ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata y ex directivos acogidos a la delación premiada en Brasil podrán presentarse ante autoridades peruanas para prestar sus testimonios en las investigaciones y procesos. La empresa también se compromete a que cualquiera de sus empleados declare como testigo o testigo reservado cuando lo requiera la fiscalía.
5. Entregarán información del sistema MyWebDay. Odebrecht entregará cualquier información o documentación que se encuentre bajo su dominio, incluidos los elementos extraídos de los sistemas Drousys y MyWebDay, del desaparecido Departamento de Operaciones Estructuradas y que actualmente se encuentra bajo custodia del Ministerio Público de Brasil.
6. No se podrán usar contra la empresa las pruebas recibidas. El Ministerio Público se compromete a no emplear los hechos y pruebas proporcionados por Odebrecht y sus funcionarios para iniciar acciones penales en su contra, siempre y cuando sean resultado del acuerdo de colaboración. También se compromete a hacer lo necesario para el archivo de los casos que son objeto del beneficio premial, siempre que las pruebas hayan sido producto del acuerdo.
7. Fiscalía no compartirá información con ninguna entidad. El Ministerio Público también se compromete a no compartir la información ni documentación entregada por Odebrecht con autoridades nacionales o extranjeras, salvo que se adhieran al compromiso de no usarlas en contra de los funcionarios de la constructora que estén involucrados.
8. Fiscalía pedirá variar la medida de incautación. El Ministerio Público se compromete a requerir al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria que cambie la medida de incautación de S/30 millones depositados en una cuenta del Banco de la Nación una vez que Odebrecht acredite que la fuente de ese monto entregado no es producto de ganancias ilícitas y se obligue, por escrito, a compensarlo con el valor de la reparación civil acordado con la procuraduría.