El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, sustentó ayer ante la Comisión de Constitución del Congreso el proyecto de ley del Ejecutivo que plantea declarar en emergencia el Ministerio Público.
Durante el amplio debate, congresistas de Fuerza Popular y el Apra cuestionaron la iniciativa porque presuntamente, según indicaron, tiene visos de inconstitucionalidad y atenta contra la autonomía de esa institución que atraviesa una situación de crisis.
Zeballos dijo que la emergencia que se plantea es transitoria y se sustenta en hechos fácticos que comprometen la estabilidad del Ministerio Público. Dijo que se busca que la institución retorne a un estado de normalidad constitucional.
Reiteró que la suspensión de los fiscales supremos titulares solo es temporal hasta que se forme la Junta Nacional de Justicia, que será la que determinará si continúan.
Tras señalar que no hay que confundir autarquía con autonomía, manifestó que no hay intromisión del Ejecutivo ni se busca atentar contra la segunda. “No se va a poner a personas ajenas al Ministerio Público, serán los mismos fiscales supremos adjuntos los que se encargarán de realizar el plan de reorganización y reestructuración de la institución”, dijo.
Sin embargo, Miguel Torres, de Fuerza Popular, manifestó que el proyecto viola el Art. 158 de la Constitución que garantiza la autonomía de la fiscalía. Precisó que la suspensión temporal de los fiscales supremos es una forma de sanción y eso va contra la Carta Magna.
Dijo que si prospera esa iniciativa, luego habría riesgo de que el gobierno quiera intervenir el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y otros organismos autónomos.
“Sería gravísimo que se le exonere del trámite de comisiones y vaya de frente al pleno”, indicó. Agregó que el proyecto debe ser reencauzado a fin de que no colisione con la Constitución.
Su colega de bancada Mario Mantilla dijo que se necesita un debate más amplio y que se debe reformular la propuesta. Advirtió que no van a aprobar el proyecto tal como está y que no les asusta que el presidente Martín Vizcarra vaya a recurrir a la cuestión de confianza. “Si quieren cerrar el Congreso que lo hagan, lo que queremos es una reforma que perdure en el tiempo”, expresó.
Javier Velásquez, del Apra, también se mostró en desacuerdo con la propuesta. Dijo que hay problemas en el Ministerio Público, pero que eso no se resuelve con leyes que declaran a la institución en emergencia. “No es posible que el gobierno ponga las reglas de juego como señalar que los fiscales deban tener diez años de antigüedad, es una intervención inaceptable”, dijo.
Las críticas al proyecto no solo vinieron de las bancadas adversas, sino también del congresista oficialista Gilbert Violeta, quien señaló que plantear el apartamiento de fiscales que están comprometidos con conductas graves “afecta la autonomía funcional”.
También expresó que la situación de emergencia tiene que tener un plazo definido y eso no se dice en la iniciativa.
“Tenemos que salvar la constitucionalidad del proyecto pero corrigiendo algunos planteamientos”, dijo.
Sin embargo, el oficialista Juan Sheput defendió la propuesta gubernamental. Dijo que buscaba superar la actual crisis del Ministerio Público. Aseguró que no viola la autonomía de la fiscalía. “Se trata de un proyecto constitucional que merece ser debatido y mejorado, pero aquí algunos están buscando rechazarlo a priori”, acotó.
Gino Costa, de la Bancada Liberal, dijo que quizás la fórmula necesita perfeccionarse pero no puede ser descalificada como lo quieren hacer los opositores al régimen. “¿Cuál es la solución? ¿Quedarnos cruzados de manos?”, se preguntó.
Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú, dijo que no es conveniente exonerar el proyecto del trámite de comisiones, pero dijo que se deben poner plazos para aprobarlo.
Mencionó que la iniciativa busca solucionar una crisis política e institucional que ha generado el fiscal Pedro Chávarry.