La organización Human Rights Watch difundió un informe de 26 páginas donde señala que han surgido nuevas evidencias que implican de manera creíble al ex presidente Ollanta Humala Tasso en atrocidades cometidas durante el conflicto armado que se desarrolló nuestro país en la década de 1990. En el documento se señala que las evidencias también sugieren que Ollanta Humala intentó encubrir pruebas incriminatorias cuando se postuló a la presidencia en 2006.
El informe titulado “Las pruebas que comprometen a Humala: Evidencias de atrocidades y encubrimiento de abusos cometidos durante el conflicto armado en Perú” presenta un análisis de evidencias existentes, incluidos los testimonios de varios soldados que afirman haber cometido torturas, asesinatos y desapariciones forzadas durante operaciones militares.
Los soldados señalaron, cita la ONG en una nota de prensa, haberlo hecho siguiendo instrucciones —e incluso a veces en presencia— de Humala, quien, en 1992, estaba presuntamente asignado a la base militar Madre Mía en el Alto Huallaga y empleaba el seudónimo Capitán Carlos.
“Ante las contundentes evidencias que implican a un ex presidente en atrocidades y en su posterior encubrimiento, el Ministerio Público debería avanzar decididamente con todas las nuevas líneas de investigación”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
El 2006 durante la campaña presidencial la fiscalía abrió una investigación. El caso se cerró en 2009 después de que testigos se retractaron de sus declaraciones contra Ollanta Humala.
Investigación con limitacionesLa ONG señala que la fiscal a cargo de estas investigaciones manifestó a Human Rights Watch que el principal obstáculo es la falta de cooperación del Ministerio de Defensa, pues había impedido la identificación de presuntos responsables, al no brindar información acerca de quiénes supervisaban las bases y los nombres de los soldados que estaban allí.
Human Rights Watch pidió al Ministerio de Defensa que proporcione información detallada sobre soldados y comandantes en la base Madre Mía y otras bases en la zona, pero el ministerio respondió que personal de las Fuerzas Armadas había indicado que esa información “no existiría” porque habría sido incinerada deliberadamente.
“Las autoridades peruanas deberían brindar al Ministerio Público todo el apoyo que necesita para estas investigaciones”, sostuvo Vivanco. “Todos aquellos que se nieguen a cooperar en la identificación de militares, incluidos comandantes, o que hayan podido estar involucrados en la destrucción de documentos oficiales deberían ser investigados penalmente por obstruir la justicia”, agregó.
El ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia son procesados actualmente por haber recibido dinero presuntamente ilícito de Brasil y Venezuela para la campaña electoral del Partido Nacionalista en las elecciones del 2006 y 2011.
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