La decisión del Colegiado A de la Sala Penal Nacional de otorgar arresto domiciliario a los cabecillas terroristas Osmán Morote y Margot Liendo, quienes son procesados por el atentado de la calle Tarata de 1992, generó rechazo en la clase política del país, así como en otros sectores.
El propio titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, ha indicado que siente “impotencia y rabia al ver festejar una victoria judicial a los asesinos de Tarata”, en referencia a la cúpula de la organización terrorista Sendero Luminoso.
Por su parte, el procurador antiterrorismo Milko Ruiz señaló que hay jueces “que favorecen al terrorismo” con este tipo de resoluciones, alegando que la seguridad de los domicilios registrados no está garantizada.
No obstante, el presidente del colegiado, René Martínez, le respondió a Milko Ruiz y manifestó que ni la procuraduría ni la fiscalía no presentaron recursos impugnatorios sobre este caso.
“Ninguna de estas dos instituciones, que ahora se rasgan las investiduras, cuestionaron dicha resolución”, aseveró el juez.
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