Eduardo Dargent ha lanzado una filípica contra los defensores de la desregulación y la simplificación administrativa. Los acusa de ser la causa de la tragedia de Las Malvinas. “La tragedia de la galería Nicolini nos muestra los costos de la desregulación e informalidad que campea en el Perú”, escribe. Según él, es ideológico creer que la sobrerregulación es la causa de la informalidad y que la desregulación lleva a la formalización, cuando para gran cantidad de peruanos “la desregulación será igual que nada, pues hoy esa regulación no existe”. Luego se modera y admite que la excesiva regulación puede crear problemas a los emprendedores, pero el verdadero problema está en que el Estado no fiscaliza ni hace cumplir las normas.
Asombrosamente Dargent no advierte la relación entre estos dos temas: el Estado no hace cumplir las normas porque estas son las más de las veces incumplibles para los negocios pequeños. Son hechas para las grandes empresas, que pueden pagar tramitadores, abogados y coimas. No es casualidad que la Sunafil, por ley, solo fiscalice a las medianas y grandes empresas.
Nuestra legalidad es excluyente. Existe el mito de que en los 90 se desreguló el trabajo y por lo tanto se precarizó e informalizó. Pero la verdad es que los costos no salariales del trabajo (“beneficios”) pasaron de un 48% sobre el sueldo bruto en 1989 a un 63% en el 2000 (Miguel Jaramillo, 2004). Además, el costo de la indemnización por despido se triplicó y a partir del 2002 el TC restableció la estabilidad laboral absoluta. El resultado es que ni grandes ni chicos quieren o pueden poner a sus trabajadores en planilla.
Legalidad excluyente y Estado impotente (sin aparatos de coerción efectivos para obligar a cumplir lo incumplible) son dos caras de la misma moneda. Es impotente porque no tiene jurisdicción sobre lo que excluye. Y al ser excluyente, pocos –los formales– pagan impuestos y por eso tiene menos recursos para hacer cumplir las leyes, si fueran cumplibles.
Es un círculo vicioso. Para romperlo hay que simplificar y desregular. Con eso no basta, es cierto. La Municipalidad de Lima, por ejemplo, denunció a los clausurados que reabrían, pero los fiscales nunca acusaron. Hay que aplicar la ley y eso requiere acuerdo político para una profunda reforma policial y judicial. Pero es más fácil si la ley ha sido simplificada y si hay más recursos para hacerlo.
Por el lado de los recursos también se rompe el círculo vicioso impulsando los proyectos mineros y otras inversiones. Pero eso mismo requiere desregulación y también Estado. Es decir, necesitamos inversiones mineras y otras para que haya más recursos, para que haya Estado. Pero, a su vez, necesitamos Estado para que haya minería, manejo forestal, etc. Es el huevo y la gallina. Solo la desregulación nos permite escapar de esa trampa.
Una legalidad más inclusiva, flexible y consultada permite un Estado más fuerte, más presente y con más recursos para aplicar la ley.
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