Han pasado más de treinta días hábiles desde que se presentó la primera denuncia constitucional contra el suspendido juez supremo César Hinostroza y cuatro de los ahora removidos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por el caso de los audios que generaron una crisis en el sistema de justicia. Las 11 denuncias que se presentaron en los días siguientes –que incluyen a otros altos funcionarios– y la poca diligencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales apuntan a que los informes finales del proceso se conocerán fuera del plazo establecido.
Por ejemplo, en cuanto a la primera denuncia contra Hinostroza, pese a que fue presentada el 10 de julio y declarada procedente tres días después, se esperó hasta el 2 de agosto para aprobar su investigación en la Comisión Permanente. Es decir, 16 días hábiles después de que fue presentada. Una vez aprobado el plazo de investigación, la subcomisión tiene 15 días hábiles para presentar su informe final. Ese plazo vence el próximo miércoles 5. Sin embargo, el presidente de ese grupo, César Segura (Fuerza Popular), dice que su informe final recién estaría en la quincena de setiembre, pues han tenido que acumular varias denuncias y se debe revisar con detenimiento los informes preliminares sobre los delitos imputados y las pruebas entregadas.
—Los tiempos—El trámite de una denuncia constitucional tiene pasos con plazos reglamentados. Si todo el proceso se desarrollara según los tiempos que el reglamento del Congreso establece, la subcomisión debería entregar su informe final a la Comisión Permanente en alrededor de treinta días. Esto sin contar la ampliación que se contempla, de manera excepcional, por una sola vez.
El plazo de investigación se computa, de acuerdo con el reglamento, a partir del día siguiente en que la subcomisión toma conocimiento del plazo otorgado por la Comisión Permanente. En la práctica, esto se usa para alargar los tiempos, pues la subcomisión no sesiona inmediatamente después.
“El reglamento habla de los plazos, pero en el interín de dar cuenta a la comisión, entregar y notificar el informe de hechos y llamar a audiencia, pueden ser más días que no son computados en el plazo dado por la Permanente, porque tengo que sesionar, correr notificaciones y ver pruebas”, dice Segura.
En la denuncia contra el ahora suspendido congresista Kenji Fujimori, en la que Segura estuvo encargado del informe preliminar, los 15 días hábiles de investigación pasaron a ser 41, aunque en el resto de etapas hubo celeridad. Es la única acusación que llegó al pleno.
“Sí, claro, fueron casi dos meses en total. A cada etapa se le dio cinco días, pero entre las etapas del informe, como ya te expliqué, tienes que poner en conocimiento, tienes que notificar, todo eso es un lapso sin plazos establecidos”, responde Segura.
Según los cálculos de Segura, el informe final de las denuncias contra Hinostroza y los ex consejeros estará listo a finales de setiembre. Los informes de las cuatro denuncias relacionadas al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, al ex presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez y al congresista fujimorista Héctor Becerril también deberían conocerse en la misma fecha.
—Problema de fondo—En lo que va de este quinquenio, la subcomisión solo emitió dos informes finales, ambos de denuncias presentadas por Fuerza Popular: uno contra el ex congresista Alejandro Yovera y el otro contra los hoy suspendidos Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Este último caso es el único cuya denuncia constitucional –de las 244 presentadas hasta la fecha– fue aprobada en el pleno.
Para el ex oficial mayor José Cevasco, el entrampamiento de las denuncias constitucionales ocurre por tres motivos: la carga procesal, el poco personal especializado y el carácter político.
“Si no existe presión mediática, son relegadas. Incluso hay denuncias contra miembros de la subcomisión por no procesar denuncias, pero el reglamento no prevé apremio hacia la comisión para tramitar”, comentó.
La legisladora Karina Beteta (Fuerza Popular), miembro de la subcomisión, culpa a la carga procesal, pues asegura que llegan muchas denuncias de ciudadanos que no cumplen los requisitos formales.
“Nosotros recibimos la carga del quinquenio pasado, que no se habían dado trámite. Hay otras que declaramos procedentes, pero en la Comisión Permanente otras bancadas no permitieron que el proceso se continuara”, señaló.
Es cierto que se recibieron denuncias del Congreso pasado, pero su proceso tuvo distintos criterios. Las denuncias del ex congresista Sergio Tejada contra Alan García, producto de la investigación de la megacomisión, fueron archivadas por “caducas”, pese a que la Comisión Permanente del Congreso pasado las había declarado procedentes. En tanto, la denuncia presentada por su colega Becerril contra Alejandro Yovera sí continuó su trámite y tiene un informe final. Ambas provenían del quinquenio anterior.
Beteta, tras dejar la presidencia de la subcomisión, fue delegada para elaborar el informe de hechos sobre la denuncia presentada por Fuerza Popular, en noviembre del 2017, contra el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Han pasado más de 280 días desde que la Permanente otorgó el plazo de investigación, y Beteta no ha presentado nada. “Me designaron, pero no me entregaron los descargos [de Sánchez]”, dice.
Para José Élice, director ejecutivo de Reflexión Democrática, este es un caso igual al del trámite de los proyectos de ley, en el reglamento está de adorno.
“Es lo mismo que el Poder Judicial, pero en el Congreso no hay justificación, pues no tienen tantos casos, y porque su reglamento tiene bien detallado el proceso”, sostiene.