Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, ha incumplido con una de las reglas de conducta impuestas por el Poder Judicial a fines de noviembre, cuando se declaró infundado un pedido de prisión preventiva por 36 meses en su contra y se le impuso comparecencia con restricciones.
Esta medida del juez John Pillaca, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, fue impugnada por el Ministerio Público. Y este miércoles se realizó la audiencia de apelación en la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Ahí, la abogada de Cerrón, Claudette Chatpman, admitió el incumplimiento de la orden judicial que implica el pago de S/20 mil.
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Chatpman explicó que su patrocinado no ha pagado, porque asumió gastos no previstos, como la ayuda económica a su madre también investigada y con cuentas congeladas, y el apoyo a su esposa odontóloga “porque también ha tenido que dejar el trabajo por el problema mediático que ha ocasionado esta investigación. “No ha podido juntar esa cantidad, porque tiene cosas necesarias: alimentarse, vestirse, mantener a su madre, a su esposa. Pero de que va a pagar la caución, la va a pagar”, señaló.
El fiscal superior Rafael Vela advirtió en la audiencia que “ese es un plazo vencido de acuerdo al mandato judicial”. Luego, en declaraciones a El Comercio, calificó de “absolutamente grave” el hecho.
“Cuando se emitió la resolución de primera instancia que declaró infundada la prisión preventiva, se impuso como regla de conducta el pago de la caución bajo apercibimiento de revocatoria. Esto significa que si el investigado Vladimir Cerrón no paga la caución, inmediatamente el Ministerio Público puede solicitar la revocatoria y que se le dé la medida de prisión preventiva. Esto es aparte, no tiene que ver con el recurso de apelación”, dijo a su turno a este Diario el fiscal provincial de lavado de activos Richard Rojas.
Peligro procesal
Vladimir Cerrón es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. Durante la audiencia, Vela insistió en que hay peligro procesal a partir de la probabilidad de fuga y de entorpecimiento de la actividad probatoria.
Por ejemplo, cuestionó que si bien Cerrón ha fijado hasta seis domicilios, ello implica un “decaimiento del arraigo” o una baja calidad del mismo. Esto, acotó, se da también debido a que el investigado no ejerce su profesión como médico, sino que ha justificado ingresos laborales por S/15.000 por ser dirigente de Perú Libre, partido también comprendido en la investigación.
Para sustentar ese ingreso, relató el fiscal, Cerrón presentó un certificado expedido por otro dirigente del partido que encabeza el investigado. “Es una persona jurídica involucrada dentro de los hechos que expide una serie de boletas en favor de Vladimir Cerrón, que evidentemente controla hasta la fecha la organización política. Y para el Ministerio Público eso implica una grave posibilidad de afectación en los fines de arraigo y obstrucción”, aseveró.
Vela también advirtió un peligro de fuga a raíz de que “el señor Cerrón tiene muchos contactos a nivel gubernamental y de la política exterior”. “Acá se produce una situación inédita: que personajes de segundo nivel dentro de la estructura de la organización criminal están privados de libertad y el señor Cerrón, que es la cúspide de la organización criminal, se encuentra libre”, manifestó luego el representante del Ministerio Público.
En otro momento, aseguró que Cerrón ha obstaculizado la investigación, pese a que previamente manifestó su ánimo de participar activamente. Ello porque no se ha presentado a diligencias o ha guardado silencio en declaraciones.
Por su parte, Chatpman rechazó que su defendido no quiera colaborar con la investigación y defendió su derecho a guardar silencio para no autoincriminarse. “Es falso que no quiera colaborar con la investigación, es mentira. Esta llano a todo, pero siempre resguardando sus derechos reconocidos por la Constitución”, indicó.
Sostuvo también que el secretario general de Perú Libre si tiene arraigo familiar, porque está casado, reside en Lima y tiene familia. “Mi patrocinado no significa un peligro para el proceso, no hay elementos que hagan presumir en forma concreta de que hay un peligro de fuga o de obstaculización de la investigación. No hay nada de eso”, subrayó.
Además…
Otro pedido fiscal
La fiscalía ha pedido prisión preventiva para otros investigados que ya cuentan con dicha medida, pero por el Caso Los Dinámicos del Centro.
Se trata de Arturo Cárdenas, Waldys Vilcapoma y Eduardo Reyes. También para Francisco Muedas, quien permanece prófugo.
El fiscal provincial Richard Rojas informó que el mismo requerimiento se está evaluando para Guido Bellido y Waldemar Cerrón, actuales congresistas comprendidos en la investigación por lavado de activos y organización criminal que se sigue a Vladimir Cerrón.