El defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega, les pidió a los fiscales y jueces aplicar urgentemente un conjunto de medidas legales para sancionar, según la magnitud, las infracciones cometidas por menores de edad.
Recomendó la habilitación o construcción de un centro juvenil de máxima seguridad, donde se dé tratamiento especializado a adolescente que comente delitos graves como Gringasho.
Vega señaló que mientras tanto se deben adoptar medidas concretas para fortalecer la seguridad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como ‘Maranguita’.
En relación a este último aspecto, la Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de que miembros de la Policía Nacional garanticen el control permanente y efectivo de la seguridad externa de todos los centros de rehabilitación existentes en el país.
A través de un pronunciamiento publicado hoy, la Defensoría señala que la sanción a los adolescentes infractores debe realizarse en el marco de la Constitución Política, el Código de los Niños y Adolescentes y las obligaciones internacionales que el Estado peruano ha asumido.
Estos instrumentos reconocen el deber de protección especial que toda sociedad democrática está obligada a brindar a los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad.
También expresa su preocupación porque en los últimos días algunas autoridades y medios de comunicación han venido difundiendo la identidad de adolescentes infractores sin observar las normas que regulan esta materia.